Pese al vergonzoso silencio e invisibilidad con que parte de los medios de comunicación han tratado la condena de un juez tramposo por prevaricación, cohecho y falsificación de pruebas, la operación criminal organizada contra Victoria Rosell constituye una muestra de la existencia de tramas mafiosas en las que están implicados representantes de la justicia, funcionarios policiales y políticos en ejercicio. En el caso de la magistrada Rosell, parlamentaria nacional y una de las figuras relevantes de Unidas Podemos en la campaña electoral de 2016, es decir, en el momento de ocurrir los hechos, han participado jueces y fiscales, abogados colegiados pertenecientes a despachos de alcurnia, empresarios del fango, plumillas enfangados y políticos de derechas que han sido referentes en las políticas desarrolladas en Canarias y en España bajo la disciplina del Partido Popular. Los nombres de unos y otros están por ahí, y es de esperar que irán saliendo, ahora que una sentencia ha condenado a Salvador Alba, magistrado de la Audiencia de Las Palmas, a más de seis años de estancia en el maco, además de a dieciocho de inhabilitación, lo que le mantendrá alejado de la posibilidad de reincidencia durante una temporada. Al menos, en el sector jurídico, puesto que sus relaciones comerciales, deben estar, previsiblemente, bien establecidas y sus actividades diversificadas, lo cual es posible que le garantice un futuro acomodado en Panamá, una vez cumplida una sentencia aliviada por buena conducta y probado fervor cristiano. Quién sabe, incluso, si más adelante no se produce el descubrimiento de que el juez Alba reúne un excelente perfil para ocupar un cargo de importancia en la administración pública o en el gabinete jurídico de alguna multinacional con futuro. Al fin y al cabo, la realidad cotidiana nos ha hecho comprender que las sentencias tienen diferentes consecuencias dependiendo de la clase y circunstancias de los condenados. Detrás o delante de todo, un empresario con turbias actividades e imputaciones diversas, como Miguel Ángel Ramírez, y un político como José Manuel Soria, que dirigió el Partido Popular de Canarias durante diecisiete años, fue vicepresidente de Canarias y responsable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda durante tres años, y ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, donde tuvo la oportunidad de inventarse el impuesto al sol o, más correctamente, el Real Decreto sobre autoconsumo voltaico. Jueces, abogados, empresarios, políticos y periodistas, formando parte de operaciones que encuentran en los períodos de crisis el mejor escenario para innovar en los procedimientos de enriquecimiento personal, tanto en hacienda como en posición, con la connivencia del sistema y la perplejidad de la ciudadanía, que observa cómo, hagan lo que hagan, no pasa nada. Ante la solidez de la vieja farsa, uno aún se pregunta cuáles son los motivos por los que los líderes de los dos partidos que deberían entenderse para poner en marcha un gobierno de progreso -especialmente el que tiene más escaños y es más responsable- actúan como gallos inútiles, alimentando el palmeo de sus incondicionales y jodiendo al resto.
