El simulacro de negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos sigue ofreciéndonos el espectáculo de un partido que no quiere ningún pacto que no sea el gratis total. Pedro Sánchez ha decidido que no cabe situar a Pablo Iglesias en otra posición que no sea la genuflexa y con el programa bien abierto, para que le quepan en las meninges las 370 medidas socialistas que se tiene que tragar en un apoyo incondicional.
Las conversaciones se basan en que los socialistas van recortando el margen de maniobra de los podemitas una y otra vez. Lo que ofrecieron en la primera investidura fracasada, ahora, que Podemos está dispuesto a aceptarlo, ya no vale. "El tiempo ya pasó", asegura Carmen Calvo, como si la oferta hubiera caducado por el paso de unas semanas.
La cuestión es que Sánchez tiene bastante claro que en una nueva convocatoria a las urnas los resultados para los socialistas serían sensiblemente mejores. Y el costo para Podemos, mucho mayor. Pero además hay otro factor no menos importante: las elecciones son un gran negocio que pagamos todos.
El costo de la organización de los pasados comicios fue de 138 millones de euros, libres de polvo y de algunas pajas. Eso fue lo que costó abrir las urnas. Pero, además, en este país los partidos políticos cogen cacho cada vez que se presentan a elecciones. El PSOE ingresó una subvención de 21.167,64 euros por cada escaño en el Congreso o en el Senado. Asimismo, se cobra unos 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, siempre que al menos uno de sus miembros obtenga asiento, mientras que en el Senado la subvención era de 0,32 euros.
Si se mantienen estas tarifas, el PSOE ingresaría la nada despreciable cifra de dos millones ochocientos mil euros, en función de las previsiones que le dan las últimas encuestas. No es el único que haría un buen negocio. El PP, con las proyecciones de las mismas encuestas, recaudaría de golpe y porrazo un millón ochocientos mil euros. Podemos ingresaría algo menos que en las últimas, unos 700.000 euros de nada. Lo mismo que Ciudadanos, que solo cobraría 900.000 euros.
Esta anomalía, que tal vez mucha gente desconoce, ofrece una lectura perversa. Lo que para muchos es un síntoma de inestabilidad política y una tragedia para la buena marcha del país -que se celebren cuatro elecciones en cuatro años- se convierte para los partidos políticos en un excelente negocio capaz de mejorar sensiblemente sus cuentas. Si el estímulo es que yendo a las elecciones se gana una pasta, lo normal es que a los partidos no solo no les preocupen las urnas sino que se conviertan en una importante fuente de negocio.
Si las campañas electorales le costase a la partitocracia un esfuerzo similar al que les supone a las familias pagar una hipoteca, otro gallo nos cantaría. Pero el sistema está hecho a la mayor gloria de la casta.
