El nuevo fantasma que recorre Europa ya está aquí. En apenas ocho semanas, si no hay novedades, el proyecto de integración europea que ha dominado la vida política, económica e institucional del continente se verá sometido a la gran incógnita que abre la salida efectiva de la UE a uno de sus principales integrantes y socios fundacionales, el Reino Unido, como consecuencia del resultado del referéndum que se celebró en ese país hace algo más de tres años (junio del 2016).

El brexit va a tomar cuerpo además, si nada lo remedia, en las peores condiciones y circunstancias imaginables, tanto en el ámbito político como económico, porque pese a los intentos de llevarlo a cabo de una manera pactada y ordenada, todo parece indicar que será abrupto, duro, con una aplicación sin anestesia. Tanto en la sociedad británica, como en el conjunto de los países miembros que se mantienen en el club, las repercusiones no están aún por entero calculadas, pero serán sin duda negativas en todos los ámbitos.

Canarias está entre las regiones españoles y europeas que pueden sentir más directamente esas consecuencias, sobre todo si finalmente no se logra un brexit pactado, pero también es de las que tienen la posibilidad, gracias a su condición de región ultraperiférica, de lograr medidas de choque o especiales para paliar los efectos si el contexto es el de una salida ordenada y negociada. A fecha de hoy, el primero de los escenarios es el que desgraciadamente más cerca está, sin que se tenga la sensación de que se hayan hecho los deberes correctamente para cualquiera de las desconexiones posibles.

La caótica situación política británica en estas semanas previas al abandono definitivo de la UE por parte del RU, el próximo 31 de octubre, hace muy difícil pronosticar el contexto concreto en el que se alcanzará esa fecha, así como analizar la posibilidad de que se produzca un nuevo aplazamiento de esa marcha que dé opción a una nueva negociación.

El estrambótico e irracional actual primer ministro británico, Boris Johnson, ha perdido en el Parlamento su apuesta por un brexit definitivo y sin acuerdo en la fecha prevista, pero lo cierto es que las consecuencias prácticas de su derrota no serán diferentes a las que él perseguía dado que el propio Parlamento rechazó en reiteradas ocasiones el acuerdo alcanzado entre la anterior premier, Theresa May, y la Comisión Europea para una salida ordenada.

Ahora mismo, el único brexit en el horizonte es un brexit duro porque el día 31 de octubre se producirá la desconexión del Reino Unido del proyecto europeo sin ningún plan alternativo al rechazado por la Cámara de los Comunes. Sólo la posibilidad de que las inevitables elecciones británicas de mediados de octubre, aún sin convocar, dieran la victoria a los laboristas, abriría quizá el escenario de un segundo referéndum que serviría de excusa a la UE para aplazar esa desconexión.

Pero los demás no podemos esperar a que se despejen estos quiméricos imponderables. La recta final de la entrada en vigor del brexit ha llegado, y tiene la peor pinta posible, con unos planes de contingencia que no están definidos y no contemplan además la situación real de las cosas, con la amenaza de un recesión económica en toda Europa, y en un contexto político en nuestro país (Gobierno en funciones y más que probables nuevas elecciones en noviembre) que supone un auténtico desastre para la defensa de nuestros intereses. Si las consecuencias del brexit se están dejando notar en Canarias incluso antes de su entrada en vigor, como lo demuestran los datos de los sectores sensibles a esta situación como son el turismo, las exportaciones hortofrutícolas, y la conectividad aérea, un abandono abrupto y sin acuerdo entre Londres y Bruselas puede ser catastrófico.

Tanto el Gobierno de Canarias como los principales actores económicos afectados buscan en estos momentos salidas de emergencia para paliar la situación, y el propio Ejecutivo central, ahora en funciones, se ha puesto las pilas a última hora ante la amenaza de lo que viene. Pero la sensación generalizada es que se va a remolque de los acontecimientos y sin tener desplegada esa red de seguridad necesaria para evitar las secuelas más indeseables.

El Gobierno central, que llevaba más de un año sin convocar la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, el foro en el que se analiza junto a las Comunidades Autónomas los efectos del brexit y los planes de contingencia para hacerles frente, lo hace ahora, aunque aún sin fecha, para abordar lo que a todas luces se presenta como una ruptura por las bravas por parte del Reino Unido. Se busca una mayor coordinación y tratar de adaptar las medidas pensadas para una salida negociada, a la nueva situación, pero puede que la reacción vaya a llegar tarde y que la respuesta quede lejos de lo que la emergencia requería.

Canarias ha sido en estos tres años transcurridos entre el referéndum británico y la fecha de la desconexión una de las comunidades autónomas que más en serio se tomó la búsqueda de soluciones. Fue la primera en crear un grupo específico de análisis en su Parlamento, la Comisión Canaria de Seguimiento y Evaluación del Brexit, y donde el Ejecutivo regional más se ha movido en Europa para activar los mecanismos de salvaguarda. Se lograron compromisos y acuerdos tanto en el ámbito de la UE, con la Comisión y con el Parlamento Europeo, como con los otros países con regiones ultraperiféricas, Francia y Portugal, para negociar periodos de transición más largos y algunas excepciones en los acuerdos que adoptaran Londres y Bruselas.

En el nuevo escenario, Canarias trata de reorientar las ayudas europeas al transporte del sector hortofrutícola a Gran Bretaña e Irlanda del Norte (40 % de las exportaciones de tomate y pepino), pese a que pasen a ser mercados no comunitarios, y por lo tanto que se siga percibiendo la condición de las Islas de región ultraperiférica para convencer a la UE de que permita mantener las ayudas de Estado que se otorgan a los cosecheros por parte del propio Gobierno español.

El sector turístico, con casi cinco millones de visitantes del RU, es el otro gran afectado por el brexit, sobre todo por el impacto que en el bolsillo de los británicos tenga la devaluación de la libra, una dinámica ya iniciada y que puede agravarse considerablemente en el caso de una desconexión sin acuerdo.

El sector del transporte aéreo y las múltiples conexiones por avión entre Canarias y el RU, deudores de las históricas relaciones entre ambos territorios, necesita también algún tipo de salida alternativa a la del adiós por las bravas que proponen las actuales autoridades británicas. Más allá de las repercusiones económicas, el brexit duro puede ser especialmente duro para los más de 3.500 canarios que residen en el Reino Unido, la mayoría jóvenes empujados por la crisis económica y el fuerte paro en Canarias en los últimos años, que verán peligrar su horizonte y sus derechos de estancia y de ciudadanía por pertenecer a ese espacio común europeo que el populismo británico ha decidido tirar por la borda.

También los 20.000 ciudadanos del Reino Unido residentes en Canarias, con propiedades y en algunos casos con trabajo en nuestra tierra, se verán afectados e inmersos en una incierta situación legal y vital que debe ser atendida. En definitiva, Canarias afronta la hora de la verdad del brexit sin que los grandes temores que se advirtieron en su momento hayan sido despejados, y sin una receta a la vista de la que echar mano. El escaso tiempo que queda, si no hay novedades en el calendario, puede ser insuficiente para lograrla.