El Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha sentenciado que Lope Afonso cometió un delito de prevaricación, estableciendo como pena más de nueve años de inhabilitación para cargo público. Pocas horas después Afonso anunció su dimisión como consejero del Cabildo de Tenerife y coordinador general del PP de Canarias. Es un caso que ilustra magníficamente una actitud que oscila entre la falta de rigor y la más desvergonzada manipulación. No por el señor Afonso, el PP o del resto de los partidos, sino por parte de todo el mundo.

Primero don Lope y su dimisión, que el dirigente conservador presenta como un acto de heroísmo moral realmente enaltecedor. Hombre, si te acaban de declarar inhabilitado para cargo público hasta el año 2028, lo de dimitir no es una virtuosa opción, sino una decisión obligada y hasta perentoria. Afonso explica que todo lo que le ha ocurrido es fruto de su voluntad de limpiar el PP portuense: al parecer algunos gérmenes patógenos se las arreglaron para llegar al juzgado y terminaron -si he entendido bien su relato- infectándolo todo. Las explicaciones de Lope Afonso jamás han tenido un pase y no mejoran porque descubra ahora una conspiración de exconcejales reaccionarios que habrían puesto precio a su cabeza por rojo y por masón. Autorizar reiteradamente, sin mediar ningún concurso y sin respetarse los trámites administrativos, mercadillos en plazas y paseos del Puerto de la Cruz, tal y como hizo Afonso durante su etapa de concejal, puede parecer una inocente nimiedad. Eso lo hace Marcos Brito en los años noventa y no pasa nada. Pero de facto se trata de un abuso de poder. He leído a juristas que afirman que es posible prevaricar sin incurrir en corrupción. La sentencia deja claro que Afonso no se metió un euro en el bolsillo pero existe un consenso creciente en que "cualquier mala gestión dolosa de lo público" es corrupción. El exalcalde portuense insiste en que defendía los intereses generales, pero los intereses generales nunca pueden defenderse conculcando los procedimientos legales vigentes. Es precisamente el cumplimiento estricto de la normativa legal la condición previa y necesaria para preservar los intereses generales en la gestión pública y no las buenas o salutíferas intenciones del político de turno.

Podemos ha celebrado estruendosamente la sentencia y no solo describe los hechos condenados como si formaran parte de la trama Gürtel o el Puerto de la Cruz haya sufrido una tiranía vesánica con Lope Afonso como concejal y alcalde. Los podemitas muestran de nuevo su escándalo ante el pacto -frustrado- que Carlos Alonso y Lope Afonso suscribieron después de las últimas elecciones locales. Como si CC no pactara con el Partido Popular, sino con un particular, el señor Afonso, que sospechosamente pasaba por ahí. En todo caso a María Australia Navarro -y etcétera- le queda mucho trabajo para recomponer el PP también en Tenerife. La joven promesa -que formaba parte de ese grupo de peperos que imitaba con cierto garbo, en códigos verbales y políticos, a CC- se perdió entre mercadillos y no va a regresar.