04 de septiembre de 2019
04.09.2019
GENTES Y ASUNTOS

Para mañana

04.09.2019 | 00:35
Luis Ortega

Volvemos al fuego tras el inaudito y censurado boicot de la ultraderecha a una declaración institucional en el Senado. En junio de 2019, y con el último Gobierno de CC-PNC en funciones, se presentó el mayor contingente de recursos humanos y materiales para la extinción de incendios conocido hasta la fecha. Se concretó la cifra de mil ochocientos efectivos, de los que mil trescientos dependieron del Ejecutivo autónomo y los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro; los quinientos restantes fueron voluntarios de distintas asociaciones de Protección Civil; y un parque de maquinaria y medios aéreos, sensiblemente aumentado y mejorado en relación a ejercicios anteriores.

Estamos con la resaca de tres siniestros que, a falta de los datos finales, afectan a un diez por ciento de la superficie boscosa del Archipiélago, estimada en ciento cincuenta mil hectáreas, y con Gran Canaria a la cabeza del trágico ranking estatal. Quedaron atrás las jornadas de lucha contra las llamas en un terreno abrupto, con abundante combustible vegetal y problemas de tránsito; la evacuación y atención de diez mil personas de ocho municipios afectados y el comportamiento de todas las personas e instituciones en una catástrofe que, por fortuna, se resolvió sin víctimas y con la gratitud mostrada por la ciudadanía a bomberos y especialistas canarios, a la Unidad Militar de Emergencia y los ministerios de Agricultura y Defensa.

Se impone un balance objetivo de los daños y, a cargo de las administraciones implicadas, la compensación a quienes vivieron la tragedia, el abandono de sus hogares y las pérdidas aún por cuantificar. Con urgencia y todas las garantías, se exige protocolo que prevenga y palíe la indeseable frecuencia de los desastres ambientales que hoy lamentamos y nos amenazan cada día. Sin dogmatismos técnicos y con las estadísticas al alcance de la mano, es preciso mantener los dispositivos contra incendios más allá del cuatrimestre marcado, delimitar, asignar y reasignar competencias públicas para regular las actividades agrícolas, forestales y recreativas y recuperar el monte para ciertos usos del pasado -las explotaciones moduladas y el pastoreo, ¿por qué no?- que nos permitieron que, en el siglo XXI, podamos disfrutar de la corona verde de nuestros altos que garantiza la dulzura de nuestro clima.

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