Hoy se celebra la reunión entre Fomento y el Gobierno regional para intentar desatascar el dinero del convenio de carreteras. Pero aunque la reunión empieza hoy, el baile empezó ayer: en declaraciones a la Cadena Ser, Ángel Víctor Torres manifestó no haber encontrado en los archivos del Gobierno ningún informe aconsejando al Ejecutivo de Clavijo renunciar a la firma del acuerdo extrajudicial propuesto por el Estado a Canarias en relación al convenio de carreteras. El convenio fue suspendido unilateralmente por el Gobierno Rajoy durante la crisis, pero -a iniciativa de los socialistas, entonces socios de Coalición en el Gobierno de Paulino Rivero-, el asunto fue llevado a los tribunales de justicia, que dieron la razón a Canarias obligando al Estado a pagar el dinero no transferido. Al final tocó exigirle los dineros a Sánchez, que ofreció pagar poco más de la mitad.
Lo que Torres venía a decir es que la decisión de no avenirse a un acuerdo para rescatar la mitad de los recursos del convenio fue un error: mejor cobrar los 500 millones ofertados por Ábalos (los efectivamente adelantados por Canarias para hacer frente a las obras en curso) que no recibir nada de nada. Para Torres, lo que hizo Rosa Dávila -reclamar la pasta judicialmente- ocasionó al Tesoro canario un perjuicio de 500 millones de euros, que el Gobierno podría haber cobrado ya de llegar a un acuerdo extrajudicial con el Gobierno de Sánchez. Más aún cuando la explicación dada en su día para optar por reclamar el todo y no la parte se amparaba teóricamente -según informó entonces Dávila- en un informe de la interventora general de la Comunidad Autónoma, que sigue siendo todavía hoy la misma, y que es el informe que el presidente Torres asegura que el Gobierno actual no ha encontrado. Torres insinuaba la posibilidad de que esos papeles no existieran, y de que la negativa a aceptar 500 millones frente a los 947 reclamados respondiera más al deseo de mantener el conflicto abierto con Madrid que al interés general.
Dávila le contestó ayer que sí se emitió informe de la Intervención General, fechado el 21 de diciembre, desaconsejando la firma del acuerdo sobre el convenio de carreteras en el que "el Estado obligaba a Canarias a renunciar a más de 400 millones de euros". La Intervención advertía que el acuerdo extrajudicial no solo modificaba las cuantías adeudadas, pasando de 947 millones de euros a 500, sino que también eliminaba la cláusula por la que esos 500 millones podían ser utilizados para afrontar gasto público, sin convertirse directamente en superávit, que es lo que quería Madrid. Y fue por eso por lo que se presentó un incidente de ejecución de sentencia.
Dávila remitió ayer a los medios el informe de la Intervención General, debidamente registrado y firmado, en el que se aconseja proceder como se hizo. Dávila dijo también que había advertido prolijamente del asunto a su sucesor, Román Rodríguez. Lo cierto es que llueve sobre mojado: los nacionalistas aseguran que Madrid debe a las Islas un total de 1170 millones de euros, que Sánchez no quiere pagar.
