Un puesto de trabajo se crea cuando un patrón, público o privado, necesita una persona nueva con una vinculación laboral, buscando, este, una mejor productividad o un incremento de sus ingresos de bienes o servicios y el trabajador, un salario que sostenga a su familia y una cotización que le garantice el mejor estado de bienestar sostenible.
Ambas partes aspiran, legítimamente, a un puesto de trabajo de calidad, entendida por el trabajador como aquel que le proporciona el máximo de ingresos estables, para ayudar a sostener sus necesidades familiares y personales y el contratante una garantía de sostenibilidad y productividad en el tiempo.
En definitiva, un contrato bilateral que contiene derechos y obligaciones para ambas partes, y que su equilibrio viene garantizado por el Estado de derecho y las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y de los contratantes a través de los convenios colectivos o de empresa.
Últimamente se ha abierto un debate sobre la necesidad de un empleo de calidad, tal vez excesivamente sesgado hacia el lado de los derechos y exigencias de los trabajadores y poco hacia los derechos y necesidades de los contratantes, como decía anteriormente, públicos o privados.
Una demanda sostenida por los empresarios y soslayada por la Administración pública es la productividad del puesto de trabajo y, en este caso, una de las variables que lo hacen posible es el control del absentismo laboral y el coste que representa para la seguridad social y las empresas.
Según las empresas, el coste del absentismo laboral en España asciende a 7.000 millones de euros anuales, un 0,6% del PIB, y corresponde a ambas partes, bajo un prisma de corresponsabilidad social, la búsqueda de soluciones.
Este importe, que sale directamente de la cuenta de productividad de la empresas e instituciones públicas y privadas, tiene su origen en el hecho de que, en el año 2018, 753.000 asalariados no fuesen a trabajar ni un día en todo el año.
En conjunto, durante 2018 el absentismo laboral no permitió producir bienes y servicios por un valor de 70.000 millones de euros ya que, sin trabajo no hay producción, ni posibilidad de mejorarla.
Mas allá de buscar culpables, deberíamos llegar al consenso de que tenemos un problema muy grave en este país.
Luego, basándonos en el compromiso del dialogo social tripartito entre empresarios, sindicatos y administración pública, debemos caminar de manera progresiva para erradicar la excesiva carga sobre la productividad y la riqueza, necesarias para sostener el Estado del bienestar.
Para ello, debemos fortalecer los mecanismos de control de la inspección de trabajo a trabajadores y contratantes, así como el sistema sanitario de vigilancia de las bajas, tanto por accidentes laborales como por enfermedades comunes.
*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria
