Cada día llama menos la atención encontrarse con teóricos expertos en muy distintas materias. La última moda son los que se han especializado en la lucha contra el cambio climático. Gente que se ha empapado del tema en cuestión, pero que desconoce a todas luces los actores e implicaciones relacionados en esta lucha por la calidad del aire.
Es lo que le pasa a la industria de la automoción. Este sector se encuentra en uno de los momentos más disruptivos de su larga vida. De hecho, esta industria cambiará más en los próximos 5 años que en los últimos 50. Y las maneras de contribuir a la electromovilidad por parte de los distintos agentes que intervienen son múltiples.
Así, las restricciones que las administraciones públicas quieren llevar a cabo para combatir la contaminación y alcanzar los Acuerdos de París están provocando dudas en toda la cadena de producción, venta y, sobre todo, en el cliente final.
Que las matriculaciones de vehículos eléctricos están en alza es un hecho. Pese a que los volúmenes de este tipo de modelo que se registran cada mes todavía son pequeños, hay algunas comunidades, como Canarias, que han apostado firmemente por la electrificación.
Y es que las vías para promover las ventas de estos modelos, de descongestionar uno de los parques de vehículos más envejecidos de Europa, con una edad media que supera los 12 años, y de fomentar las energías limpias son múltiples. Bastan dos ejemplos territoriales singulares que afectan a nuestros dos archipiélagos, el canario y el balear.
El Gobierno de Canarias ha optado, y con acierto, por impulsar medidas que ayuden a la adquisición de modelos eléctricos, como la exención del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Esta medida pionera tiene un coste muy relativo para las arcas insulares -en torno a unos 923.000 euros- y supondrá un empuje determinante para la introducción de estos modelos en el parque automovilístico.
Además, y muy importante, servirá de banco de pruebas para el resto del país. De hecho, puede sentar las bases de una nueva fiscalidad para la automoción que, en línea con las directrices europeas, grave el uso frente a la compra, una demanda histórica del sector.
Es cierto que no es una regulación específica de restricciones al tráfico en sí, pero sí de regulación medioambiental. Así, el Gobierno de las Islas Canarias ha legislado con visión a largo plazo para poner en marcha una estrategia de transición ordenada que no se basa en la prohibición, sino en el apoyo para facilitar la entrada progresiva de vehículos alternativos.
Este tipo de medidas fomentan la compra de vehículos eléctricos. Y para corroborarlo sólo tenemos que acudir a los datos. Así, en el primer semestre del año, las ventas de vehículos electrificados en Canarias crecieron un 62,4% en tasa interanual, según la patronal Anfac.
En este contexto, el sector del rent a car es uno de los mayores aliados para promover este tipo de movilidad sostenible. Y es que las alquiladoras permiten el acceso a los particulares a probar y a familiarizarse con estos modelos antes de su compra o, dicho de otra manera, a crear cierta cultura hacia estos vehículos cero emisiones.
Ahora bien, que en un archipiélago español esté haciendo las cosas bien no significa que el otro esté siguiendo su camino. Más bien se trata de lo contrario. En el lado opuesto a Canarias y a sus medidas basadas en incentivos, encontramos Baleares, comunidad que en su polémica Ley de Cambio Climático quiere prohibir la circulación de vehículos de combustión interna para 2050.
Esta normativa marca para 2020 el objetivo de que el 2% de las compras de vehículos de los alquiladores para Baleares sean eléctricos, obviando que las decisiones de compras no son geográficas y que el carácter móvil de las flotas entre territorios complica cuantificar qué nuevas incorporaciones a la flota van destinadas a operar en cada zona.
Además, por si ya no hubieran evidenciado lo suficiente su desconocimiento de la operativa del rent a car a la hora de legislar, en una reciente resolución sobre la normativa exigen una notificación vía email de cada una de las actualizaciones que se hagan de la flota de vehículos, lo que resulta a todas luces inoperativo ya que diariamente se pueden producir varias actualizaciones.
He aquí las dos caras de una misma moneda, la canaria y la balear, para atajar lo que ya consideran un mal endémico: la gran lacra de la congestión y de la contaminación cada vez más asociada al turismo, fuente de riqueza de las islas. Y es que mientras la legislación canaria permite apoyar el cambio y da facilidades a la transición de la flota de rent a car, la de Baleares se limita a prohibir la circulación de vehículos de combustión interna para 2050. Ante esto, cabe preguntarse qué es más efectivo ¿incentivar o prohibir? ¿qué es más fácil?...
* Director Corporativo de Aneva
