El inminente vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha insistido, entre levitación y levitación, que la renta básica será el proyecto estrella del nuevo Ejecutivo. Al menos fue la principal propuesta programática de Nueva Canarias, que la incorporó en toda su propaganda electoral: yo descubrí maravillado una guagua en la que NC prometía incluso cantidades concretas -creo recordar que 600 euros mensuales-. También Podemos lo llevaba en su programa electoral y su secretaria general, Noemí Santana, recuerda invariablemente que la creación de esta figura quedó establecida en el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado diciembre.

Sin embargo, cabe recordar que ese precepto estatutario no habla en ningún caso de una renta básica ni, menos aún, de una renta universal, sino de una renta ciudadana a la que tendrán derecho "las personas que se encuentren en situación de exclusión social". Existe una confusión conceptual muy habitual en los debates sobre distintos modelos de renta básica? ¿Es lo mismo riesgo de pobreza que exclusión social? ¿La renta es incondicional, y basada exclusivamente en razones monetarias, o debe estar condicionada cuantitativa y conductualmente? Podemos ha propuesto una renta básica mínima de 720 euros y Nueva Canarias de 563. Se ha podido escuchar que más del 40% de los isleños viven en la pobreza, pero a continuación se afirma que los beneficiarios no serían más de 60.000 personas. Y así continua y cansinamente, también en referencia a los costes globales: nada menos que 223 millones de euros anuales calcula Podemos: entre 80 y 90 millones al año a juicio de Nueva Canarias.

El establecimiento de una renta básica -con todo su ambiguo impacto, con toda su urgente necesidad si se quiere- no debería ser la propuesta estrella de ningún Gobierno. Porque los grandes retos de un Gobierno como el de Canarias debería ser las reformas estructurales que urgen al país y a la comunidad autonómica y que, en algunos casos, están en marcha o pueden implementarse rápidamente. Reformas administrativas, reformas educativas, programas sociales que realmente supongan recuperar en parte la igualdad de oportunidades y combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, como la creación de guarderías públicas, aumentando las plazas de hasta tres años, hoy todavía muy deficitarias. La renta básica no es la política de redistribución más eficiente y eficaz y su capacidad para reconfigurar la realidad social es casi nula. Con todo, una propuesta interesante es la formulada por Ignacio Conde-Ruiz y Carlos Ocaña hace un par de años a modo de experimento: una renta mínima con incentivos para los parados de larga duración que hayan agotado el seguro de desempleo: un modelo para evitar que la ayuda estimule a no trabajar. Si se dispone una renta de 600 euros mensuales, y el interesado consigue un curro a media jornada de 500, la renta se reduciría a 100. En Canarias los desempleados de larga duración son unos 90.000, con lo que el costo anual global ascendería a más de 600 millones de euros, cerca del 8% de los presupuestos generales de la Comunidad autonómica.