Arrasan ciudades y barrios. Saben el lugar exacto donde actuar para acumular riqueza frente a necesidad, escogiendo sutilmente al más vulnerable. Amparado por gobiernos desaprensivos, el negocio sigue al alza brindando con beneficios los bolsillos de los abyectos. Acera con acera, muy cerca, sin importar la competencia porque en todo momento saben que el mercado está ahí para posicionarse del lado correcto. Pueden decorarlo con recursos y retórica, con libertad o prohibición, pero a todas luces asistimos a una epidemia que afecta a millones de ciudadanos con un alto porcentaje de intensificación en los últimos años. La situación sigue siendo preocupante en España, pues continúan produciéndose nuevos casos prácticamente cada día en nuestros barrios y ciudades, elevándose como un vicio interclasista pero que afecta con mayor incidencia en la clase obrera. Cruzan sin piedad la línea entre la diversión y la adicción con pérdida de control, sin libertad y repercutiendo en el entorno y en la persona. Cada vez son más los jóvenes que sucumben al supuesto dinero fácil, aderezado con el ánimo de famosos y personajes relevantes que piden su voto para probar las delicias de un juego peligroso que camina vertiginoso. En Canarias no somos ajenos a esta droga elegante y permitida, una delicia tramposa que acaba con familias y permite una pérdida del control personal y patrimonial. Los canarios se jugaron 43,6 millones de euros en las casas de apuestas deportivas en 2016, una cifra que prácticamente multiplica por cuatro los 11,5 millones de las ventas de la quiniela en las Islas. La cifra evidencia la magnitud de un negocio cuya regulación en esta comunidad entró en vigor a finales de 2014. Según los datos, el Archipiélago se queda en la décima posición del ranking, muy por debajo de la primera comunidad, Madrid, donde se apostaron 365 millones de euros en 2016. Sin duda, se induce al juego ante la pasividad de los que deben protegernos. Los salones de juego proliferan en las zonas azotadas por la crisis, hasta diez en un radio de 250 metros, dejando cicatrices permanentes. Tal y como recoge el informe anual de la Dirección General de Ordenación del Juego, las apuestas deportivas han regresado con fuerza a las calles, con 2.896 salones de juego operativos en España, 425 más que en 2017. Sin ventanas al exterior, estos locales, legales eso sí, y sujetos a una normativa que no predica por el bienestar ciudadano, continúa su expansión. El periódico El Correo contaba el año pasado un caso asombroso de ludopatía en menores que hacía temblar la tranquilidad de un barrio madrileño: un niño de 15 años que acumulaba deudas de juego por valor de 26.000 euros. Jóvenes de 14 años que deben acudir a rehabilitarse acompañados de sus progenitores, personas que roban y venden lo robado para poder apostar, que empeñan joyas de los padres. La mejor forma de hacer patria es controlar la proliferación de estos lugares, regulándolos de forma objetiva y evitando que nuestros jóvenes capitulen su futuro en casas de apuestas y salones de juego.

@luisfeblesc