09 de junio de 2019
09.06.2019

Los presupuestos generales del Estado y los incentivos canarios

09.06.2019 | 04:35
Los presupuestos generales del Estado y los incentivos canarios

Uno de los compromisos que se deriven del pacto para gobernar el Estado, al margen de las claves políticas, será la aprobación del presupuesto público, bien para el 2019 o, como parece más probable, el de 2020.
Aparte de las líneas políticas que sostenga quien gobierne y las líneas complementarias que pueda conseguir aquellos que le apoyen, hay que contentar a la Unión Europea, al Banco de España, a empresarios, sindicatos y a los ciudadanos de este país, tanto si votaron por esas opciones como si no.
Un cubo de Rubik no apto para personas impulsivas, inflexibles, con falta de capacidad de diálogo, o sin visión a medio y largo plazo.
Sobre todas las cosas, supongo, comenzarán por los ingresos, para luego centrarse en los gastos e inversiones que se puedan acometer, y comenzamos con un posible incremento de impuestos y una purga de beneficios fiscales que, al parecer, podrían ascender hasta los 5.000 millones de euros.
Al margen de tener presente que los beneficios fiscales son una herramienta fundamental para apoyar sectores y mercados incipientes, prioritarios o con afectación coyuntural, una eliminación sin evaluar las consecuencias puede dar al traste con las previsiones para disminuir la tasa de desempleo. O la propia supervivencia de algunas empresas.
Tampoco podemos olvidar que una parte de los incentivos fiscales que se aplican en España exclusivamente se desprenden del REF, por lo que debemos tener presencia en esa negociación, pues, por un lado no debe descansar ese recorte de manera desproporcionada en las Islas y, por otro, recordemos que en la intervención de Portugal derivada de la crisis, en el año 2012, se llevó por delante gran parte de los incentivos de Madeira, así como el incremento del IVA (homólogo de nuestros IGIC) hasta el 22%, lo que propició la huida de casi mil empresas de esa región.
Al margen de este epígrafe, los agentes sociales piden ampliar las necesarias reformas estructurales, con rigor fiscal, mejorando la competitividad, eficiencia del mercado laboral, sostenimiento de las pensiones, digitalización, envejecimiento de la población, simplificación legislativa y administrativa, cumplimiento de las directrices europeas en materia de déficit público o equilibrar la financiación per cápita de las autonomías.
*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria

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