09 de junio de 2019
09.06.2019
EDITORIAL

En defensa de una EBAU asediada por los embustes

09.06.2019 | 04:41
En defensa de una EBAU asediada por los embustes

Autoridades académicas, padres y alumnos indignados han tenido que defender esta semana la rigurosidad de la corrección de las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Canarias, que tiene un nivel de exigencia de las preguntas similar al de otras autonomías. Todo ello en respuesta a mensajes en las redes sociales e informaciones en periódicos que daban por hecho un ventajismo de los alumnos canarios, condición que supuestamente los colocaba en situación preferente en la nota de corte para acceder a carreras como Medicina. La queja tiene su punto de partida –y van varios años seguidos– en comunidades donde aspirantes –apoyados por representantes de su autonomía– aseguran que están en desventaja con respecto a Canarias dada la dificultad que encierran las preguntas de su examen.
Resulta como menos curioso que esta denuncia se produzca en pleno comienzo de la EBAU, con los nervios a flor de piel de los alumnos, un síntoma que muestra a las claras la competitividad del sistema de acceso así como lo sencillo que es caer en la desesperación en dicho trance. Un ejemplo han sido las protestas por la reciente prueba de Matemáticas en Valencia, donde los examinadores han rebatido con éxito los argumentos estudiantiles contra unos problemas que, según ellos, no formaban parte del temario. Los gestores de la prueba desestimaron la idea de la pregunta trampa, si bien admitieron su complejidad, pero rechazaron que la misma no hubiese sido planteada en las clases de segundo de bachillerato.
La aparición del debate de una EBAU de exigencia desigual a la hora y día del examen alienta, por otra parte, la sospecha de una estrategia viral para aumentar la presión ambiental ante la corrección, con el objetivo de mediatizarla y rebajar los criterios. O bien lo contrario: tratar de influir para complicar la EBAU en el Archipiélago. Partidos como Ciudadanos o el PP, haciendo abstracción de esta y otras probabilidades, han reclamado una prueba única para todo el territorio español, mientras que el Gobierno socialista en funciones solo ve conveniente una comisión para trabajar en favor de la equidad, como es la aplicación de un mismo punto de vista a la hora de establecer penalizaciones por faltas de ortografía. Tampoco existe un informe oficial que denuncie la supuesta facilidad de la EBAU canaria o una mayor permisividad en la corrección.
Las fuerzas políticas lideradas por Casado y Rivera introducen un cuestionamiento perverso de la EBAU, que no es otro que una marcha atrás en las competencias autonómicas educativas. Una reclamación peligrosa, sobre todo porque da pábulo a opiniones tan insolidarias como que los canarios usurpan plazas en universidades de la Península, además de ser condescendientes con un juego sucio cuya finalidad es avanzar en el desprestigio de la calidad del modelo educativo canario. "La igualdad de oportunidades no significa necesariamente hacer el mismo examen", zanjó José Carlos Gómez, presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE). Y añadió: "El sistema no estaría funcionando si los alumnos que llegan de otra comunidad tienen un nivel tan bajo que no terminan la carrera, pero eso no parece que ocurra".
Frente a esta atmósfera acusatoria, Canarias no ha tenido más remedio –con la lamentable ausencia de algún representante de la Consejería de Educación– que afrontar manipulaciones como las de mezclar los resultados del informe PISA con los de la EBAU. Una comparación que enfrenta los perfiles negativos del primero con el éxito de la prueba de acceso sin reflejar que uno es para alumnos de 15 años y el otro es para preuniversitarios. La vinculación torticera silencia además uno de los análisis del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): los efectos de la desigualdad social en la educación, un elemento que ciertamente lastra los índices en matemáticas, ciencia y lectura. Pero lo determinante es que la EBAU es una evaluación curricular (de contenidos), mientras que PISA es competencial en los índices citados con anterioridad.
Este periódico se refería el sábado a la similitud entre el examen de Matemáticas –el que más se suspende– de la EBAU canaria y el del resto del país. Los expertos han repetido hasta la saciedad que la prueba atiende a unas matrices estatales comunes, con variaciones autonómicas mínimas en materias como Historia, donde cabe reforzar los contenidos propios. A ello hay que añadir que en la nota final tenga un peso específico (60%) la trayectoria académica del bachillerato, es decir, los dos últimos años cursados por el alumno. Son, entre otros, argumentos con los que de manera machacona expertos y profesionales han dado la cara estos días para desechar un supuesto privilegio de Canarias en la EBAU.
Sin embargo, esta iniciativa no ha sido secundada con la suficiente energía por parte de los responsables educativos, pese a la carga subjetiva de las acusaciones y el daño que las mismas hacen en el futuro inmediato de miles de jóvenes que tienen que abrirse paso en el mercado laboral. Una frustración que también alcanza a unos padres que invierten en las carreras universitarias de sus hijos, y que ven como bulos e inventivas les llevan a dudar sobre la eficiencia y transparencia del modelo educativo del archipiélago canario.
La defensa sin desmayo de la educación pública es el objetivo, pero también es necesario volver a subrayar la importancia de que aumente la inversión presupuestaria para suturar las heridas de los recortes de la crisis de 2008. En Canarias esta necesidad se convierte en urgente, prioritaria, dado la alta tasa de paro juvenil y los efectos de la desigualdad social en los resultados académicos.
La repercusión de la insularidad, tanto para encontrar trabajo como para dotarse de un currículum competitivo, convierten en imprescindible un esfuerzo redoblado en este sentido. Las universidades canarias deben revertir sus índices negativos en rendimiento y en abandono de estudios, y para ello nada más importante que el diagnóstico permanente para conocer en tiempo real cómo se desarrolla la gestión y sus frutos. El sistema público educativo, sus responsables, deben ser ágiles y disponer de las herramientas más adecuadas para enfrentarse a una campaña de embustes que afecta a su misma línea de flotación: la capacidad profesional de sus educadores y la inseguridad que provoca el falseamiento de la realidad entre los que aspiran a la mejor preparación.

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