La fragmentación del mapa electoral a raíz de las elecciones del pasado día 26 alimenta el placer divagante por los pactos, los acuerdos y el reparto del poder institucional. Por supuesto, de lo importante no se habla. Pongamos por caso la productividad. Canarias lleva casi un cuarto de siglo con una productividad estancada. Un cuarto de siglo es mucho tiempo. Un lapso arrasador. La economía canaria sufre la misma productividad -e incluso es ligeramente inferior- que en 1992. He sido incapaz de encontrar este factor -salvo contadísimas referencias- en los discursos económicos dominantes entre las élites políticas isleñas. El valor añadido bruto canario creció más que la media española desde 1960 hasta mediados de los años ochenta. Luego comenzó un rápido y acentuado declive y se estancó. La única forma que tiene una economía para garantizar su crecimiento a medio y largo plazo es el aumento sostenido de su productividad. De hecho, el estancamiento de la productividad de la economía canaria es la principal explicación de la brecha que existe en varios parámetros centrales -la renta por habitante, por ejemplo- respecto a la media española y europea. Lo que ha dulcificado esta situación es la organización y puesta en marcha de un todavía modesto Estado de Bienestar en Canarias, y muy particularmente, la articulación de un sistema sanitario público y el desarrollo de un conjunto de políticas asistenciales en las que han participado todas las administraciones con mayor o menor eficiencia. Los sistemas públicos de sanidad y educación, las prestaciones sociales y los programas de empleo han mantenido las condiciones básicas para la cohesión social. Pero sin productividad no hay futuro: los casi 120.000 empleos creados en los últimos cuatro años pueden esfumarse si no se movilizan los factores productivos y la actividad económica solo pretende reproducir modelos del pasado. Urgencias: un esfuerzo de diversificación de la mano de capital exterior, el incremento de fondos públicos y privados de I+D+i, la simplificación o en su caso eliminación de procedimientos administrativos, la creación de empresas de mayor tamaño y un mayor esfuerzo político en el capital humano y social y en las infraestructuras tecnológicas, una vez que el nuevo Estatuto de Autonomía y el renovado REF garantizan jurídicamente las ayudas y compensaciones derivadas de la condición ultraperiférica y la naturaleza insular de Canarias. Una nueva etapa de más atención política e institucional a las condiciones técnico-económicas de las empresas, la cohesión social y la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos que a las (sin duda muy importantes) condiciones geopolíticas, porque, tal y como ha indicado el economista David Padrón, "contar con un tejido empresarial competitivo no significa que una región lo sea". La productividad depende igualmente de un consumo sostenible, de unos salarios razonables, de la capacidad de ahorro e inversión de las familias.

En realidad lo que pide la economía canaria es una reconsideración estratégica que depende del Gobierno, pero más aun de la sociedad civil, y que tiene en la demografía, en las energías limpias y en la educación y la innovación otros tres capítulos fundamentales. En tres o cuatro años morirán más personas en el Archipiélago que las que nacen, por ejemplo. Ya empieza a hacerse tarde para hablar de cosas realmente importantes y preparar a Canarias para la próxima recesión económica, que llegará más tarde o más temprano.