Desde finales de los años 80 del siglo pasado, incluso antes, la manera de abordar y tomar decisiones, en relación a una estrategia adecuada de desarrollo económico y ordenación del territorio en La Palma, se ha caracterizado por multitud de debates inacabados y con posiciones políticas, empresariales y sociales, con mucha frecuencia, enfrentadas entre sí y todo ello, en el marco de un entorno normativo cambiante en el ámbito regional.
El último ejemplo de esta circunstancia se ha producido con la entrada en vigor, el pasado 14 de Mayo, de la Ley 14/2019, de 25 de Abril, de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, después de su aprobación en el año 2002 y una modificación posterior en el año 2016.
En este contexto, una variable de suma importancia en cualquier proceso de diseño y ejecución de políticas públicas y, particularmente, en lo que afecta al territorio y a las personas, es el papel que juegan los ayuntamientos, en función de las competencias que legalmente pueden y deben ejercer.
En este sentido, lo que se propone en este breve artículo es argumentar la necesidad estratégica de iniciar un proceso de debate y reflexión, que, si es posible, conduzca al acuerdo social y político, de que en La Palma se reduzca el número de entidades locales, con el objetivo de que la Isla se estructure a medio plazo, en tres ayuntamientos, mediante la fusión progresiva de las actuales catorce corporaciones locales.
Quizás, las reticencias más fuertes a abrir un debate público de este calado, sobre esta hipotética nueva estructura administrativa insular, vendrían de los propios partidos políticos, por la posible pérdida de influencia y poder local y de parte de la población, argumentando razones sentimentales o culturales de vinculación histórica con un territorio determinado.
Las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2018, la extensión territorial y el número de concejales asignados según el número de habitantes, arrojan para los catorce ayuntamientos de la Isla, los datos recogidos en el cuadro número 1.
Los procesos de fusión municipal planteados son los apuntados en el cuadro número 2.
Pues bien, el nuevo diseño administrativo de La Palma, quedaría conformado por tres nuevos municipios y presentaría las cifras básicas dispuestas en el cuadro número 3.
¿Cuáles son los argumentos que harían viable, posible y deseable esta propuesta de nueva división administrativa en La Palma, por fusiones entre los municipios actuales?
La Ley 7/2015, de 1 de Abril, de los Municipios de Canarias aborda, en su capítulo IV, la posibilidad de alteración de los términos municipales, ya sea por segregación o fusión.
Aunque la norma habla de fusión de municipios colindantes, se puede entender, con una interpretación flexible de la misma, que podría amparar la propuesta que se presenta en este escrito, es decir, de varios municipios colindantes de forma sucesiva.
Es razonable suponer que los tres municipios resultantes de las fusiones planteadas, cumplen con los requisitos generales de territorio, población, calidad de servicios y economía de medios, establecidos en la legislación.
Los tres nuevos ayuntamientos, al contrario de lo que ocurre actualmente, estarían más equilibrados entre sí desde el punto de vista de la población y de la extensión territorial.
Es innegable que se facilitaría la toma de decisiones en cuestiones de ámbito insular, generándose sinergias y pudiendo llegar con más facilidad a acuerdos en materia tributaria, urbanística, residuos o de políticas de empleo, entre otras muchas.
El número de concejales se vería reducido en un 65,29%, pasando de los 170 actuales a 59 concejales, con el evidente ahorro en el gasto público municipal.
Un aspecto trascendental en este hipotético proceso de fusiones, es lo que ocurriría con el empleo público y cuál sería su nueva situación administrativa y su distribución en el nuevo escenario de la Isla. En este sentido, habría que plantear medidas administrativas y laborales, que posibiliten que el empleo actual no se vea afectado.
Lo que sí se puede afirmar, con relativa certeza, es que los tres hipotéticos nuevos ayuntamientos, al ser corporaciones más potentes desde el punto de vista poblacional, estarían en disposición de contar entre sus plantillas, con técnicos de administración general o jefaturas de servicio y todo ello redundaría en unas administraciones locales más eficientes y eficaces en su funcionamiento interno y en la prestación de los servicios públicos.
Los tres nuevos ayuntamientos surgidos de los procesos de fusión, debido a la mayor entidad poblacional y económica, tendrían una mejor capacidad de negociación e influencia, a la hora de las relaciones que se establecen con administraciones de orden jerárquico superior, en el ámbito regional o nacional.
Estos mismos planteamientos y argumentos, se pueden trasladar perfectamente a la realidad municipal de otras islas del Archipiélago, donde la pequeña entidad relativa de numerosos ayuntamientos, hacen poco viable la prestación de los servicios públicos con criterios de eficacia y eficiencia.
En definitiva y volviendo al planteamiento inicial, desde mi punto de vista, en la realidad actual, donde los cambios y la incertidumbre es casi lo único que se puede dar por cierto, la reestructuración administrativa y territorial de las corporaciones locales de La Palma es una variable necesaria, pero no suficiente, para el diseño y ejecución de cualquier estrategia de desarrollo social y económico insular, una vez que entre todos los agentes políticos, económicos y sociales de la Isla, se llegue a un nivel mínimo de consenso en definirla y ejecutarla.
*Economista y profesor de Enseñanza Secundaria
