Las entidades que colaboran con las administraciones públicas cumplen un papel fundamental. Son, en muchas ocasiones, el brazo ejecutor de políticas sociales que garantizan sociedades más equitativas, más prósperas y, en definitiva, más justas. Las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) son una medida del Estado para asegurar la financiación de programas de interés general, pero su finalidad fracasa cuando los criterios estatales no se ajustan a las necesidades de las entidades que prestan estos servicios o a las particularidades de los territorios. Es por eso -por los criterios de baremación fijados mediante decreto por el Estado- que ONG dedicadas a la mujer y otras con una clara función social se han quedado fuera de esta línea de financiación y por lo que el Gobierno de Canarias ha buscado la fórmula de habilitar fondos alternativos, siempre dentro del marco de la ley.
Hasta el año 2016 la convocatoria de estas subvenciones la había realizado únicamente el Estado. Era Madrid, a través del ministerio correspondiente, quien recaudaba y adjudicaba a su criterio el dinero entre las principales entidades sociales de España -que luego decidían cómo repartir esas cantidades con sus sedes territoriales- y entre otras entidades autonómicas. Pero el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2017, de 19 de enero, declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de la asignación tributaria del IRPF, porque estimó que este modelo no se ajustaba al orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. A partir de ahí, se diseñó un nuevo sistema basado en la existencia de dos tramos: uno estatal y otro autonómico, aunque durante 2017 se estableció un periodo transitorio en el que se autorizó que siguieran los proyectos subvencionados en 2016 vía subvención directa.
Es en 2018 cuando se produce un cambio en el modelo de convocatoria: las subvenciones dejan de ser de forma directa y pasan a ser por concurrencia pública, como establece la ley. En concreto, esta transición es el resultado de aplicar la resolución del Estado del IRPF de 2018, la Ley de Subvenciones y la normativa de procedimientos administrativos e instrucciones presupuestarias en el IRPF, de aplicación obligatoria. Esto quiere decir, entre otras cosas, que desde ese momento los criterios de resolución para la baremación los determina el Estado. Con estas directrices, el Gobierno de Canarias ha podido conceder ayudas a un total de 147 proyectos por valor de casi 7 millones de euros. Esta cantidad se ha distribuido en 10 áreas que incluyen programas de atención a la vulnerabilidad, discapacidad, mayores, voluntariado, inmigración, pueblo gitano, infancia-familia, juventud, drogodependencias o VIH.
¿Cuál ha sido el problema? 182 entidades han presentado 511 programas para baremar en esta convocatoria por un montante de unos 21 millones de euros, lo que ha hecho que un número elevado de programas se queden sin subvención, ya que sólo se dispone en la convocatoria de los casi 7 millones transferidos por el Estado a Canarias para conceder las subvenciones IRPF. No nos gusta el resultado, porque podría ser más justo y no tiene en cuenta la relevancia de que pequeñas entidades continúen con sus proyectos en un territorio fragmentado y alejado como es Canarias.
Por ese motivo, hemos gestionado las posibles vías presupuestarias y administrativas de esta y otras administraciones para apoyar a aquellas entidades que llevan proyectos de la mujer y otras de inclusión social que son esenciales para nuestra Comunidad Autónoma.
Desde el ejecutivo regional hemos valorado fórmulas inmediatas de anticipo, siempre que sean compatibles con la normativa legal. Y, al mismo tiempo, hemos iniciado el trabajo para consensuar una propuesta participativa con las entidades, de cara a la convocatoria de 2019, que nos permita solicitar al Estado unos criterios de baremo y reparto autonómico diferentes. En base al resultado de la convocatoria 2018, que ya vemos cómo resulta el mapa en Canarias del IRPF por concurrencia pública obligatoria por ley, las entidades sociales hablan de proponer a Madrid:
? Bloque de reparto no sectorial sino por proyectos de continuidad esenciales.
? Bloque de reparto para lo proyectos que son de nueva línea de actuación o innovadores o experimentales.
? Bloque de reparto para inversiones de obras y equipamientos vinculados a proyectos concedidos.
? Una ponderación en el baremo para aplicar en base a la realidad de entidades canarias y territoriales.
? Limitación en la financiación y el número de proyectos a conceder en cada bloque de reparto.
Cabe recordar que una vez que se resuelva definitivamente la convocatoria del IRPF, la Dirección General de Políticas Sociales publicará su propia convocatoria genérica de subvenciones a través de la que muchos de esos programas podrán recibir la financiación que no lograron vía IRPF. En definitiva, estamos actuando para resolver los desajustes que puede haber ocasionado esta convocatoria como consecuencia de los criterios establecidos a nivel estatal, pero, también, para impulsar en Madrid una modificación que permita unas bases diferentes en la próxima convocatoria.
*Directora General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias
