Más servicios, más impuestos

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A quienes dijeron que los viernes sociales del Gobierno eran cheques sin fondo, Pedro Sánchez ha decidido dejarles en ridículo. El plan de estabilidad remitido a Bruselas recoge un aumento de la presión fiscal del 35,7% de este año al 37,3% en 2022, un alza de alrededor de 26.000 millones en tres años. El mayor esfuerzo fiscal que se habrá realizado nunca en España. ¿Y saben qué? Es coherente. Lo que no tenía ningún sentido era seguir gastando como si no hubiera un mañana sin plantearse de dónde iba a salir el dinero.

Alguna vez entenderemos que cuando pedimos más pensiones, cuando pedimos más sanidad, más educación o más servicios públicos, estamos pidiendo más impuestos. Porque el dinero siempre sale del mismo sitio.

España era hace años el país europeo con menor fiscalidad sobre el consumo. Ya no es así. Estamos en la zona intermedia. Pero hemos subido bastante menos el nivel de los salarios medios que se pagan a los trabajadores del sector privado y el aumento de la presión fiscal va a endurecer el costo de la vida en nuestro país.

Este Gobierno se enfrenta a su propia herencia. Subió las pensiones y los salarios de los funcionarios, que se comerán bastante más de un cuarto de billón de euros. No le queda otra que darle una gran vuelta de tuerca a los impuestos para mantener los servicios públicos. Las tensiones territoriales seguirán creciendo, porque el Estado está agrietado políticamente y las comunidades autónomas siguen con un gasto público desbocado y sin cumplir ninguna disciplina fiscal. O sea, un panorama.

Sánchez debe afrontar un ajuste inevitable, por eso propone una subida fiscal sin precedentes. Y probablemente se quede corto. No hemos reformado las administraciones públicas, hemos seguido acumulando deuda país y seguimos gastando por encima de nuestras posibilidades. Nos espera un largo y frío invierno. Otra vez.

En nuestra casa, el primer debate electoral en Canarias, celebrado esta semana por la Cadena Ser, nos dejó también la solución a todos los problemas de las Islas. A la urgencia de mejores carreteras, a la necesidad de nuevos hospitales, de más personal sanitario, de más maestros, de mejores salarios y pensiones. Todos los líderes dicen que lo que hace falta es más dinero: se quedaron calvos.

Siendo que no vivimos en los Estados Unidos de España -al menos de momento- los servicios públicos esenciales son una obligación del Estado, transferida a las comunidades autónomas. Hace falta, por lo tanto, que se mejore el sistema de financiación autonómica y que se envíen ingentes cantidades de fondos públicos para atender la mejora de todos esos servicios e infraestructuras. Pero eso no va a pasar. De hecho, los territorios más ricos no sólo se niegan a seguir transfiriendo riqueza a los más pobres, sino que manejan sus poderes políticos para conseguir que les llegue más financiación, como el País Vasco o Navarra, o quieren romper el modelo de Estado, como Cataluña, para mandar a freír puñetas a los que ellos consideran que viven subvencionados a su costa.

Algunos líderes políticos que hacen campaña tienen la indecencia de proponer que por un lado hay que gastar más en el Estado del bienestar y por el otro mantienen que hay que bajar impuestos. La insostenible levedad de la actual política se basa en que creen que la gente es lo suficientemente idiota como para tragarse una cosa y su contraria. Engordar el sector público supone inexorablemente aumentar la recaudación fiscal sobre esa inmensa clase media formada por trabajadores, autónomos y pequeñísimas empresas.

Pese al discurso apocalíptico de algunos, urgidos por la conveniencias electorales, vivimos en una sociedad razonablemente justa y equitativa. Tenemos unos servicios públicos extraordinarios que sólo se valoran cuando se sale de aquí. Cualquier mejora de todo eso caerá sobre los bolsillos de los de siempre. Ténganlo claro. La demagogia siempre se esfuma cuando se abren las urnas.