En un juzgado de Las Palmas se ha presentado una denuncia por malversación de caudales públicos contra el líder del PSOE, Ángel Víctor Torres. Lo ha hecho un cargo de Coalición Canaria, Fernando Bañolas. Y Torres se ha apresurado a decir que es una denuncia política y una mezquindad. Lo segundo es opinable, pero lo primero es objetivo. Lo que ocurre es que se trata del mismo tipo de querella que persigue a otro candidato, el nacionalista Clavijo, en su caso ya imputado por el llamado caso Grúas. Los partidos políticos han convertido las denuncias judiciales en una zafia extensión de sus enfrentamientos ideológicos y han dado lugar a un nuevo nicho de negocio: acusaciones populares, a veces vinculadas a los mismos partidos, que se personan en estos causas para acabar cobrando minutas millonarias en caso de condena. Una próspera y fructífera actividad, política y judicial, que algunos presentan como un saneamiento democrático. Pues ellos sabrán.
