No deja de ser sintomático que ante el pulso de visceralidad del independentismo catalán, a través de un frente institucional y de masas, ideológico-religioso y decisionista (en el sentido exacto de Carl Schmitt), se le enfrente no ya la mítica judicialización, sino el legalismo creativo más apurado. Es decir, la receta normativa e institucional de bella estampa que oponga a la furia separatista, asépticos remozamientos de la arquitectura constitucional que nadie reclama. Un carro sin bueyes. En el deseo-rogativa de poder poner fin a tal dinámica, otorgándoles federaciones, confederaciones o demás academicismos jurídico políticos de gran virtualidad en las aulas universitarias, pero que sus destinatarios, repiten, no están dispuestos a aceptar en modo alguno.

Los promotores de la panacea del federalismo son parte de los que logran que apotegmas desnaturalizados, dilemas y enunciados falsos se impongan, como es hacer política/judicialización de la política, que se repiten a vueltas como el asno de la noria. Tenemos la autoría de la falsa antinomia: los políticos, y unos colaboradores necesarios, los medios, que pletóricos de entusiasmo se zambullen en la piscina del pensamiento rápido, entre todos oficializado. Como ocurrió con la cursilería dulzona del no sentirse queridos los catalanes (¡pobres!). Pero esto ya ni siquiera es política, aunque el forjador político-mediático de mendaces enunciados y dilemas lo instituya como tal. Sería cuestión antropológica, piscoanalítica o psicosocial, pero fuera del encuadre conceptual de la política y sus presupuestos epistemológicos. Pues da igual. Como que un estatut ilegal no les fuera otorgado por inconstitucional. Políticos y medios maldecían haberlo recurrido, conjurados en la conveniencia de la burla de la ley, proclamándolo. Están persuadidos de que sus a prioris y esquemas de comprensión son de valor único y superior, aunque resulten falaces, ridículos, y muy peligrosos por empíricamente igníferos, además, ilegales.

Hacer política y judicialización de la política no son dos entidades abstractas, opciones libres, sin ninguna servidumbre a intereses muy concretos y de parte; se judicializan prácticas concretas de irresponsabilidad, ausencia de principios, ineficiencia de los políticos cuando descaradamente vulneran las leyes. Judicialización y política no son caminos contiguos y optativos, sino camino uno que conduce irremediablemente al otro, vinculados por relaciones de causalidad, instrumentales. Se lleva a los tribunales no cuestión distinta que el desprecio y vulneración dolosa de la ley. De lo que son responsables exclusivamente los políticos, inventores, a falta de proyectos e ideas, de distracciones retóricas, a modo de queja por su penosa insuficiencia, mediocridad y nulo respeto incondicional a la ley: para ellos subordinada e instrumental.