No es el martes, 26 de marzo, junto a otras muchas personas del Tercer Sector de Acción Social, tuve ocasión de seguir desde el palco del Parlamento la sesión en que se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Una ley de última generación que configura el sistema público canario de Servicios Sociales y que supondrá un antes y un después para la ciudadanía de este Archipiélago.

Conocemos los datos de pobreza y exclusión de Canarias que, si bien han ido mejorando (en el año 2017 la tasa de riesgo de pobreza en Canarias se redujo en 4,5 puntos porcentuales) muestran que el riesgo de pobreza alcanza, aún, al 30,5 % de la población.

Uno de los ejes de la inclusión social es, teóricamente, el mercado. Pero, al contrario de lo que afirman las corrientes neoliberales, el mercado no sólo no es capaz de acabar con la pobreza y la desigualdad, sino todo lo contrario. Es un dato incuestionable que al tiempo que está creciendo la riqueza, la brecha de la desigualdad se sigue ensanchando. Se necesitan políticas sociales públicas que se traduzcan en medidas para reducirla.

Esto es lo que viene a implementar la Ley de Servicios Sociales de Canarias que pretende reforzar el eje político y de ciudadanía, básico para la inclusión, al reconocer de manera efectiva los derechos sociales como derechos subjetivos y universales. Los derechos sociales son los que facilitan la autonomía, la igualdad y la libertad y permiten condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna.

Es la mejor herramienta que podemos tener para avanzar en la línea del Estatuto de Autonomía, aprobado el pasado mes de noviembre, que declara que "los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias, a través del desarrollo de los servicios públicos" (art. 24,2).

El Parlamento de Canarias ha cumplido. Ha sabido estar a la altura de lo que demanda la ciudadanía, aparcando los intereses partidistas, para llegar a los necesarios acuerdos que contribuyan a la consolidación del Estado social y democrático de derecho, avalando por unanimidad una norma de la que nos podemos enorgullecer.

Una ley de esta trascendencia requería, principalmente, el consenso de las instituciones públicas implicadas y también de las entidades de la sociedad civil. Por eso, hay que poner en valor la contribución de la Fecam y la Fecai y de numerosas organizaciones profesionales, sindicales y del Tercer Sector que, con sus valiosas aportaciones, han participado en el proceso de enriquecimiento y puesta a punto de la Ley. Solo se ha excluido de la participación en la Ley quien así lo ha decidido.

Es un mérito colectivo, sin duda, pero es también un mérito de quienes han tenido la cintura política capaz de establecer, con criterios de apertura y transparencia, estrategias negociadoras, siempre difíciles, en las que solo se avanza desde unos criterios sólidos, técnicamente avalados, que respondan a las necesidades reales que hay que satisfacer.

En este sentido, la consejera y el equipo de Servicios Sociales de la Consejería han hecho un papel decisivo. Les ha correspondido el trabajo de fondo en esta carrera y lo han asumido con entusiasmo, tesón y competencia técnica, desde el momento en que llegaron a la Consejería. Han mantenido cientos de reuniones con todo tipo de personas y colectivos para ampliar la mirada sobre la realidad social y han sido capaces de integrar, con criterios sociales y técnicos, la inmensa avalancha de propuestas que recibían a diario. Con experiencia y audacia han sabido traducir en viables propuestas hasta ahora inéditas en Canarias y en la mayor parte del Estado español. Gracias por creer que la política, más que el arte de lo posible, es el arte de hacer hoy lo que ayer parecía imposible y que está en la línea de lo que deseamos para mañana. Es lo que Paulo Freire llamó inéditos viables, el mejor camino para que se mejoren las condiciones de vida de las personas.