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El 27.º Batallón de Infantería y otras fuerzas federales vigilaron cada movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en la jornada del 26-27 de septiembre del 2014. Los miraron morir tranquilamente. Y ser detenidos y llevados rumbo a la desaparición. A lo largo de un año, el Ejército ha retenido las informaciones que posee, sin ayudar a rescatar a los normalistas o aclarar su destino. No es algo inusual: como instrumentos de represión contra movimientos sociales y como cómplices de grupos criminales, los militares en Guerrero han mirado y perpetrado desapariciones, asesinatos, torturas y matanzas a lo largo de medio siglo en que han dominado la vida local, vinculados con caciques políticos y capos de la droga. La trágica noche de Iguala fue la consecuencia de un estado general de violencia e impunidad en el que las maniobras de encubrimiento alcanzan los niveles de gobierno más altos del país, y en el que la Procuraduría General de la República no sirve para buscar justicia, sino para engañar a la sociedad.