El Consejo de Ministros aprobará en julio el plan anticorrupción que presentó Sánchez hace un año

El Gobierno prevé aprobar definitivamente en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Integridad Pública que recoge la mayoría de medidas del plan anticorrupción presentado por Pedro Sánchez hace ahora un año. “Este mes de julio”, avanzan fuentes del Ejecutivo, con la intención de arrancar así su tramitación parlamentaria tras el parón estival. El anteproyecto se aprobó en primera vuelta el pasado mes de febrero, medio año después de su anuncio, coincidiendo con el terremoto provocado por los casos Ábalos y Cerdán, incluyendo la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE.

El objetivo ahora es acelerar el plan y dejar la pelota en el tejado del Congreso, ante la presión de los socios por la falta de explicaciones y acciones concretas del jefe del Ejecutivo tras la intensificación del cerco judicial sobre el PSOE y el Gobierno. Los socialistas justifican los retrasos por no tener los apoyos garantizados en el Congreso y ponen como ejemplo la ley para endurecer la regulación de los lobbies, que está bloqueada ante la falta de mayoría.

Otras fuentes parlamentarias abogan por arrancar su tramitación, aun sin los votos garantizados, y que cada grupo se “retrate” con el sentido de su voto. Sánchez hacía un llamamiento en esta línea a los grupos durante su comparecencia el pasado miércoles en el Congreso para abordar los casos de corrupción que lo cercan: “Si sus grupos parlamentarios, particularmente aquellos de la derecha y la ultraderecha, de verdad les preocupa la corrupción, les pido que lo demuestren y que voten a favor de la tramitación de este anteproyecto de ley”.

Entre las medidas estrella de este proyecto está la creación de una agencia independiente centrada en la prevención de la corrupción. La denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, por la que empujó en su momento Sumar, se concibe como "órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción".

La previsión es que en el ámbito de la lucha contra la corrupción asuma las competencias de varios organismos estatales. Entre ellos, la Oficina de Conflictos de Interés, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Contaría así con facultades "para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave (contratación pública, lobbies, conflictos de interés, rendición de cuentas) y articular mecanismos de protección para informantes de corrupción".

La denominada Agencia Independiente de Integridad Pública, por la que empujó en su momento Sumar, se concibe como "órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción"

Su puesta en marcha requeriría una reforma legislativa que incluye la modificación de hasta seis leyes orgánicas. Entre ellas, la ley general penitenciaria para que los condenados por corrupción que no devuelvan las cantidades a reparar económicamente no puedan progresar de grado. Incluso en caso de insolvencia la pena deberá cumplirse íntegramente si no se produce una reparación económica. Hasta ahora, este era una facultad discrecional del tribunal, que tomaba la decisión tras investigar si existía ocultación de bienes o insolvencia.

Otras de las medidas pasan por la realización de exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos y la transformación del portal de contratación para usar nuevas herramientas informáticas que permitan aumentar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos.

Financiación de partidos

Se prevé asimismo endurecer los castigos a las empresas corruptoras, elevando las penas máximas de inhabilitación y de contratar con la Administración de 15 a 20 años. Asimismo, habrá una lista negra de estas empresas con un registro "público y accesible" y será obligatorio que la titularidad y las sucesivas trasmisiones sean trazables en el Registro Mercantil.

En lo relativo al endurecimiento del control y las obligaciones de transparencia sobre las donaciones que reciben los partidos y sus fundaciones destaca la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas. Estas pasarán de 25.000 a 2.500 euros.

Las sanciones a las organizaciones políticas que no den cuenta de sus donaciones en el plazo de un mes se doblarán según el régimen actual. Además, será obligatorio que los partidos realicen auditorías externas e independientes de sus cuentas.

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