El Gobierno rebaja la presión de Junts y PP de convocar elecciones y anticipa que agotará la legislatura aun sin apoyos

El Gobierno minusvalora el paso adelante de Junts para aliarse con el PP y forzar una moción en el Congreso con la exigencia a Pedro Sánchez de adelantar las elecciones. Aunque prospere, fuentes de Moncloa aseguran que no cambiarán ni un ápice su hoja de ruta. Esto eso, consumar la legislatura.

La misma réplica que cuando los posconvergentes presentaron una proposición no de ley para exigir al jefe del Ejecutivo una cuestión de confianza. La convocatoria electoral es una prerrogativa que corresponde únicamente al presidente del Gobierno. Aun mostrando respeto a la iniciativa de Junts, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha rebajado su importancia para apuntalar el mensaje de “seguir completando la agenda política transformadora” del Ejecutivo. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros se ha limitado a trasladar que no comparten el planteamiento de la formación liderada por Carles Puigdemont e insistido en que “seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá”.

Desde el Gobierno descartan también que esta entente entre Junts y el PP pueda ser la antesala a la presentación de una moción de censura. Entienden que los independentistas catalanes no se sumarían a una operación que para salir adelante tendría que contar con Vox en la ecuación.

El partido liderado por Carles Puigdemont argumenta por su parte que este es el paso que debe dar "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y ante su incapacidad para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus reiterados incumplimientos".

En Moncloa diferencian asimismo el poder legislativo del ejecutivo para mostrarse convencidos de que seguirán sacando adelante su agenda. Por otra parte, deslizan un cambio en las posiciones de Junts cuando se culmine “el espíritu de la ley de amnistía”, con la vuelta de Carles Puigdemont a Catalunya, a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la posterior validación por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Despliegue de los fondos UE

Una ventana de oportunidad que aprovecharán para incidir en que “vale la pena” culminar la legislatura con su agenda y los compromisos de investidura pendientes. Algo que, además, entienden que sería la mejor carta de presentación para acudir a la reelección en las próximas elecciones generales.

Otro de los argumentos que utiliza el Gobierno para esquivar las presiones cada vez más intensas de un adelanto electoral tienen que ver con el despliegue de los fondos europeos. “No se pueden paralizar con una convocatoria electoral”, apuntan recordando que queda todavía este semestre para desplegar dichas inversiones. De hacerlo, avisan, tendría como consecuencia “pausar el crecimiento económico”.

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