Sumar impulsa una ley para limitar la actividad de los expresidentes de Gobierno tras el caso Zapatero

Sumar registra en el Congreso una proposición de ley para limitar la actividad de los expresidentes de Gobierno para que no puedan dedicarse a empresas de sectores estratégicos en los diez años posteriores a su cese del cargo, y que impide recibir una pensión vitalicia del Estado en caso de que los exdirigentes obtengan retribuciones de otras actividades privadas.

Esta propuesta llega después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de incluencias, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros, por intermediar presuntamente en el rescate de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a la empresa venezolana Plus Ultra.

Nada más conocerse este caso, Sumar activó los trabajos para reformar el estatuto de los expresidentes, tal como avanzó EL PERIÓDICO, y finalmente esta reforma se ha materializado en una ley que incluye la reforma de tres normas y que presentó este miércoles en el Congreso la plana mayor del grupo parlamentario, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y el portavoz adjunto, de IU, Enrique Santiago.

Triple reforma

La proposición de ley aborda la reforma de tres normas; la primera es el estatuto de expresidentes del Gobierno, que se aprobó en 1992 y que regula los medios materiales de los que disponen los expresidentes, desde oficina, a asistentes, y una pensión vitalicia que hoy ronda los 80.000 euros anuales.

La nueva regulación impedirá percibir estas retribuciones públicas cuando se reciban otras retribuciones por parte de actividades privadas, siempre que no sean actividades académicas, artísticas o divulgativas. "La realización de una actividad lucrativa supone la pérdida inmediata de la retribución económica", detalló Santiago en una rueda de prensa en el Congreso. 

La segunda es la relativa a la ley que regula el Consejo de Estado, que el Gobierno de Zapatero modificó en 2004 para que los expresidentes de Gobierno fueran considerados consejeros natos del órgano, con un sueldo de entorno a 100.000 euros. La reforma de Sumar va encaminada a que el desempeño de esta actividad sea "incompatible con el desempeño de cualquier actividad profesional o laboral de carácter privado, sea por cuenta propia o ajena, salvo actividades académicas, creativas o divulgativas", reza el texto de la proposición de ley, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La tercera de las reformas que se incluyen es la ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, "para endurecer la regularización de incompatibilidades y ejercicio de actividades privadas", según detalló Santiago. La principal restricción se basa en que los expresidentes de Gobierno no podrán "prestar servicio en actividades privadas de sectores estratégicos al menos en los diez años posteriores" al cese de su cargo, según explicó. Además, incluirá una disposición transitoria para que esa aplicable con carácter retroactivo, y afecte también a los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

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