Las valoraciones del Gobierno soliviantan a jueces y fiscales, que exigen una respuesta más contundente del CGPJ y de la fiscal general

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado este martes su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales" tras las últimas resoluciones que afectan a personas relacionadas con el PSOE.

No obstante, ello no le ha parecido suficiente a la mayor parte de la carrera y las asociaciones de jueces y fiscales --menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia e Unión Progresista de Fiscales-- no han tardado en elaborar un comunicado conjunto en el que acusan al Consejo de "falta de contundencia" y exigen a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que se pronuncie al respecto.

No era la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se manifestaba en este sentido, si bien en esta ocasión la declaración institucional coincide con la tormenta política y mediática generada a raíz de la explosión de dos nuevos procedimientos que impactan directamente contra el PSOE: el que tiene por imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una presunta red de tráfico de influencias y la que indaga en presuntos pagos desde el partido para tratar de sabotear causas judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez.

Ello ha provocado la reacción de algunos miembros del Gobierno, que han cuestionado los informes policiales que sustentan las decisiones de los dos jueces de la Audiencia Nacional que instruyen estas dos nuevas causas. A juicio del Consejo del Poder Judicial, dichas críticas "contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho" y "debilitan los cimientos de una sociedad democrática".

Así, la Comisión Permanente apela al "respeto" de las decisiones judiciales, "respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano".

Para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la segunda asociación judicial en número de miembros (Francisco de Vitoria), el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales --también mayoritaria entre miembros de este colectivo-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales esta declaración dista mucho de ser suficiente.

Desazón

Así, en un comunicado conjunto manifiestan que "causa especial desazón la falta de contundencia" del Consejo ante las informaciones que se suceden en los últimos días. "Por eso esperábamos que en este caso hubiera estado a la altura en su labor constitucional de defensor y garante de la independencia judicial", añaden.

Lamentan asimismo la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, "ignorando su deber legal de defender la independencia judicial". Desde las asociaciones reiteran su apoyo a los jueces afectados por los comentarios del Gobierno "y a sus familias", y adelantan que se mantendrán "expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo", con el fin de adoptar "las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo".

Manifestaciones de Puente

Uno de los más contundentes en sus críticas ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que viene días sembrando sospechas sobre los casos judiciales que acorralan al PSOE hasta el punto de asegurar que “se quiere derribar a un Gobierno métodos no democráticos”.

Puente aludió en sus manifestaciones el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición. “Esto el PSOE ni lo va a consentir ni va a doblegarnos”, dijo en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, informó Iván Gil.

Anteriormente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ya había agitado la bandera del ‘lawfare’ como escudo y cuestionar como un “absoluto ‘show’” registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz, mientras que el propio presidente Pedro Sánchez aludió ante la cúpula del PSOE a las "diferentes velocidades" de la justicia en función de la adscripción o relación de las personas investigadas con una u otra formación política.

Contra la juez de Badajoz

Las asociaciones de jueces y fiscales hacen mención en su comunicado a la investigación que se hizo pública el pasado 27 de mayo "de una supuesta trama dirigida desde un partido político para deslegitimar a miembros del poder judicial y, con ello, frenar procesos que afectan a dicho partido o al Gobierno español". destacan entre ellas las actividades dirigidas contra la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que sentó en el banquillo al hermano del presidente, David Sánchez, cuya causa se juzga estos días. En su caso se realizaron "espionajes a su persona, familia y entorno, con el fin de hostigarla y desacreditarla", según recuerdan.

Para los miembros de la carrera judicial y fiscal "es necesario partir de la defensa a ultranza al derecho a la presunción de inocencia de las personas que estén siendo investigadas" en el procedimiento del juez Pedraz contra la exmilitante Leire Díez y otras personas. en una instrucción que, a día de hoy, se mantiene parcialmente secreta. "Sin embargo, con las informaciones difundidas hasta la fecha, causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no solo a una compañera concreta sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura", añaden.

Apuntan que lo publicado estos días en relación con la supuesta trama de sabotaje a jueces, fiscales y miembros de la policía judicial "va mucho más allá, en la medida en que apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial", y en ese sentido consideran insuficiente la declaración emitida por el Consejo General del Poder Judicial.

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