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Investigación a Zapatero

El juez Calama bloquea cuentas de Zapatero hasta un máximo de medio millón de euros

El juez que le atribuye indiciariamente tráfico de influencias y blanqueo en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra abre pieza separada de medidas cautelares

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Lucía Feijoo Viera / PI STUDIO

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Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la trama en el que se investiga el uso indebido del rescate a la aerolínea Plus Ultra, han confirmado fuentes jurídicas. La medida alcanza hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la Sociedad Análisis Relevante.

El magistrado ha acordado también la paralización de los movimientos de saldo en cuentas de otras mercantiles investigadas en la causa. En un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con fecha de este miércoles, se señala expresamente que se acordó el "bloqueo de diversas cuentas bancarias" y se forma pieza separada de medidas cautelares. La medida había sido solicitada por la Policía para que se ejecutara el mismo día en el que se produjeron los registros, según han confirmado fuentes de la investigación.

Medidas previstas

En la resolución en la que se citaba a Zapatero para declarar como investigado el próximo 2 de junio, el juez Calama autorizaba a los agentes de la UDEF a transferir los fondos (en formato criptomoneda) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la fuerza policial actuante. Y permitía, en este sentido, que los uniformados bloquearan “las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos” o que llevaran a cabo “las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados”.

El magistrado dio el pasado martes un fuerte impulso a la investigación de este caso, que le había llegado por inhibición de un juzgado de instrucción de Madrid y atribuyó mediante un auto imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delitos anexos.

Ese mismo día se registró la oficina del expresidente, situada justo frente a la sede socialista de la madrileña calle Ferraz, y también varias empresas. Concretamente, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía registró el despacho del expresidente y las mercantiles Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L.

Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, por posibles pagos que habrían alcanzado los dos millones de euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav, la empresa de marketing de sus hijas.

Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre junto a otros empresarios por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, quien tras recibir una querella de la Fiscalía Anticorrupción imputó inicialmente los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por presuntos blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias relacionado con el presunto uso indebido del rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía en marzo de 2021.

El empresario alicantino Julio Martínez.

El empresario alicantino Julio Martínez. / Borja Sánchez trillo EFE

El dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela". Además del propietario de Análisis Relevante se detuvo en su momento al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y su 'número dos', Roberto Rosell. En su querella, Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones y apunta a que las operaciones de blanqueo se vincula con el movimiento de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)".

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