Begoña Gómez reconoce que creó una sociedad para su cátedra, aunque sin actividad, y pide condenar a las acusaciones por "temerarias"

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes su escrito de defensa frente a la imputación de cuatro delitos de corrupción por los que el juez Juan Carlos Peinado pretende llevarla ante un tribunal del jurado. Afirma haber tenido actividad universitaria incluso antes de que su esposo llegara a la Presidencia del Gobierno y reconoce algunos hechos, como la constitución en noviembre de 2023 de una sociedad, Transforma TSC, relacionada con los objetivos de su cátedra en la Universidad Complutense, si bien "no tuvo ningún tipo de actividad, ni depositó cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo".

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado de Gómez y exministro del Interior Antonio Camacho solicita su libre absolución porque los hechos que se le imputan no constituyen "infracción penal alguna" y reclama que, bien al contrario, las acusaciones populares bajo la dirección letrada de HazteOír deben ser condenadas en costas por su "mala fe" y la "temeridad" de sus planteamientos. La misma petición realiza la defensa de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada en la causa.

"Los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno. La conducta atribuida a mi representada no reúne los elementos objetivos ni subjetivos exigidos por ninguno de los tipos penales invocados por las acusaciones", incide la defensa a lo largo de las más de 23 páginas de escrito, que incluye la citación de más de una veintena de testigos entre los que figuran los empresarios Rosauro Varó y Miguel Escassi, y responsables de la Complutense como su rector, Joaquín Goyache, quien llegó a estar imputado en este procedimiento.

Generar daño reputacional

En cuanto la condena en costas de las acusaciones, según esta parte deben incluir los honorarios del propio Camacho y del procurador. Defiende que su acción penal "fue ejercitada y ha sido mantenida con fines distintos a la legítima persecución del delito, instrumentalizando el proceso penal como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional" para la esposa del presidente del Gobierno. "Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes", insiste la defensa.

Según su "relato fáctico alternativo", la colaboración de Begoña Gómez con la Complutense se inició en 2012, antes de que Sánchez tuviera responsabilidad política alguna. Concretamente, en calidad de codirectora de estudios de Formación Continua de Técnico de Fundraising en 2013 y 2014, para pasar posteriormente a ejercer como codirectora del Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro, en once ediciones consecutivas.

Fue en 2020 cuando Gómez amplió esa actividad con la cátedra de Transformación Social Competitiva, en la que se centra la investigación. Se trata, según su defensa, de un "instrumento de colaboración público-privada que, en el caso de la Universidad Complutense, no comportan retribución económica alguna para quien las dirige y no exigen, de conformidad con la normativa interna de dicha universidad, titulación universitaria superior para el ejercicio de su dirección".

Afirma también que Transformación Social Competitiva es un término "que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno".

Dentro de la cátedra, se planeó “una plataforma tecnológica digital concebida como herramienta para la medición del impacto social y su cuantificación" que siempre se previó como gratuita y a nombre de la universidad.

Para su creación es para lo que se contó con la financiación de varias empresas que "aportaron horas de trabajo o cantidades de dinero. En todo caso, todas esas cantidades de dinero fueron ingresadas en el patrimonio de la Complutense, de forma que la propia universidad licitó los contratos que eran necesarios para la puesta en marcha del citado software". No obstante, estaba en fase de pruebas y no llegó a registrarse cuando empezó este proceso judicial y la universidad finalizó la cátedra y cerró todas sus actividades.

Registró la marca y creó empresa

Por otro lado, Gómez sí reconoce haber registrado "los símbolos distintivos de la marca Transformación Social Competitiva y Transforma en el registro de marcas ya que se trataba de símbolos que debían usarse en la página web del programa y ello a los efectos de impedir que otras personas pudiera apropiarse de los mismos y utilizarlos". Sobre la empresa Transforma TSC reconoce haberla "con objeto social relativo al impulso y promoción de la Transformación Social Competitiva, integrando los objetivos de desarrollo sostenible para una sociedad más justa y un planeta sostenible, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 1 de diciembre de 2023". Nunca tuvo actividad.

Sobre las acusaciones de malversación relacionadas con la actividad de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, la defensa reconoce que, "en el desempeño de sus funciones y de forma ocasional", remitió "un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales a doña Begoña". Según esta parte, esos correos siempre fueron remitidos desde su cuenta particular y "no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y por ello no ha supuesto, tampoco, ningún menoscabo de recursos públicos".

En cuanto empresario Juan Carlos Barrabés, para el que desde su puesto de codirectora de la cátedra Begoña Gómez firmó unas cartas de recomendación de cara a la licitación de contratos públicos, la defensa se limita a señalar que contó con él para que participara en el máster "dando alguna clase en el mismo".

Defensas de Álvarez y Barrabés

Las defensas de Cristina Álvarez y del empresario Barrabés han presentado asimismo sus propios escritos de defensa pidiendo su libre absolución a los que ha tenido acceso este diario. En el de la asistente, el abogado José María de Pablo combate además que las acusaciones populares hayan solicitado la presencia de hasta 120 testigos, la inmensa mayoría de ellos sin relación con los hechos, "obligando a los once ciudadanos que tengan la mala suerte de ser designados como jurados a asistir a un juicio para el que, por el número de testigos, podemos prever a un mínimo de seis meses de duración, con abandono de sus obligaciones familiares y profesionales".

En cuanto a Barrabés, en su escrito de defensa reconoce que diferentes empresas, universidades e instituciones de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional le invitaban en muchas ocasiones a dar conferencias, clases o charlas y en este marco Gómez le propuso una posible colaboración en su máster como profesor en el módulo de Estrategia. Se limitó a dar dos clases en el primer año de la cátedra y una clase en el segundo.

En cuanto a las cartas de colaboración, argumenta que la "casi totalidad de las decenas de cartas (más de 30 ) que se presentaron tenían todas ellas un contenido estándar y predefinido" y ni siquiera supo de su envío, pues las elaboró el departamento técnico. Además, no comprometían a nada, simplemente "mostraban la intención de colaborar en la difusión de las convocatorias, en el caso de que el contrato resultase adjudicado a la UTE" que él presentaba.

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