Actividad parlamentaria
El PP recupera varias leyes 'antiocupas' para dar la batalla de la vivienda en el Congreso: procedimiento exprés y corte de suministros
El PSOE contraataca denunciando las presuntas irregularidades con la vivienda protegida en Alicante y Logroño, donde gobiernan los populares

Alberto Núñez Feijóo y Ester Muñoz durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. / José Luis Roca

Se acabó el parón parlamentario. Tras las elecciones andaluzas de este domingo, el Congreso retomará su actividad el martes tras dos semanas bajo mínimos, y los partidos han querido centrar la batalla en la vivienda, la que sigue siendo la principal preocupación de los españoles. PP, PSOE y Sumar defenderán iniciativas sobre este asunto, pero serán los populares quienes más tensen la cuerda. Los de Alberto Núñez Feijóo recuperarán varias leyes 'antiocupación', que ya impulsaron en el Senado y están bloqueadas por la Mesa del Congreso, para debatirlas de nuevo y buscar una vez más la fragmentación del bloque de la investidura.
En una estrategia cada vez más habitual, el PP llevará al pleno de la Cámara Baja una proposición de ley que ya está en tramitación, solo que paralizada en el trámite de enmiendas por el voto de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. La iniciativa, que condensa otras dos que fueron impulsadas desde el Senado, plantea un procedimiento exprés para el desalojo de ocupas en 24 horas y despenaliza el corte de suministros de una vivienda que esté ocupada ilegalmente.
La propuesta de los populares recoge que una vez se inicie un procedimiento penal por ocupación, el juez podrá ordenar a los ocupantes que en el plazo de 24 horas abandonen el inmueble o presenten un título que justifique su ocupación. De no hacer ninguna de las dos cosas, la policía podrá proceder al desalojo inmediato. Además, eleva las penas por usurpación de viviendas, permite que el presidente de una comunidad de vecinos inicie el proceso contra una ocupación y establece que el corte de suministros no se considerará un delito de coacción.
Los partidos del Gobierno y sus aliados de izquierdas -ERC, EH Bildu y Podemos- se opondrán al texto. Sin embargo, todo apunta a que se producirá una ruptura con Junts y PNV. Los jeltzales se mostraron a favor de lo referente a los suministros en su debate en el Senado y ambas formaciones se abstuvieron ante el procedimiento exprés planteado. Ahora, su mera abstención daría una victoria a los populares, siempre que mantengan el respaldo de Vox.
Las recetas populares
Los de Feijóo también tratarán de aprobar una moción contra las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. "Lejos de practicar una política responsable, útil y consensuada, el Gobierno, con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana al frente, ha hecho del sectarismo, del intervencionismo y de la política ideológica la insignia de su actuación", denuncian en una moción en la que también acusan al jefe del Ejecutivo de "despreciar al parlamento, ignorando sus mandatos" y manteniendo "sepultadas" las leyes que el PP ha impulsado desde el Senado.
Así, en la moción exigen al Gobierno que "reoriente por completo su política en materia de vivienda, con medidas enfocadas a aumentar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia asfixiante". En este sentido, plantean aplicar el "silencio administrativo positivo" en el caso de que no haya respuesta a las licencias pedidas para construcción, dar avales públicos a los jóvenes, rebajar al 4% el IVA de la vivienda nueva y la rehabilitación y agilizar los trámites para nuevas promociones.
Luchas externas e internas
Ante estas iniciativas, el PSOE pretende arremeter contra el PP, llevando al pleno los casos de presuntas irregularidades en la concesión de viviendas públicas en Alicante o en Logroño, dos ciudades gobernadas por los conservadores. Así, a través de una proposición no de ley, pedirán reprobar "la falta de mecanismos de control y transparencia en los procesos de adjudicación de vivienda protegida que han trascendido en los últimos meses" y detallan una serie de exigencias, como que estos inmuebles tengan "un régimen de protección permanente que excluya la descalificación" o que se destinen "exclusivamente a residencia habitual".
Sumar, que en los últimos meses ha endurecido el tono incluso con su propio socio de gobierno, planteará una lucha más en clave interna. Defenderá también en el pleno una iniciativa en la que pide que se prohíba "la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos buitre". El planteamiento, que ya han sostenido en ocasiones anteriores, será rechazado por el PSOE, salvo sorpresa de última hora. Además, proponen aplicar una "fiscalidad mayor a las empresas y fondos de inversión propietarios de vivienda que a las familias por su vivienda habitual". Los de Yolanda Díaz tratan así de marcar perfil propio ante los anuncios que suele hacer Pedro Sánchez en materia de vivienda.
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