La Fiscalía reclama que la nueva "ley anticorrupción" exija una mayor responsabilidad penal a las empresas y mejore la protección a testigos

La Fiscalía valora positivamente la iniciativa del Gobierno de reforzar la lucha contra la corrupción mediante una nueva ley orgánica, la de Integridad Pública, que pretende blindar a las administraciones frente a prácticas delictivas mediante la modificación de hasta 18 normas diferentes. No obstante, en el informe preceptivo aprobado por el Consejo Fiscal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el organismo dirigido por Teresa Peramato realiza varias sugerencias para mejorarla, que van desde exigir una mayor responsabilidad de las empresas hasta advertir sobre el riesgo en la lucha contra el blanqueo y el papel de los denunciantes.

La Fiscalía considera evidente que la nueva ley busca un mayor castigo de las conductas cometidas por las personas jurídicas -para que paguen tanto corruptos como corruptores-, pero cree que debería incidirse en un "endurecimiento generalizado de las penas a imponer a las personas jurídicas por delitos que afecten a la corrupción".

Dentro de este catálogo incluye el delito de corrupción en las transacciones internacionales, y lamenta que las penas a imponer a las empresas por este ilícito penal no se vean modificadas en el anteproyecto de ley, "conllevando de ese modo una penalidad atenuada respecto de otras conductas delictivas de naturaleza y configuración semejante", como el de cohecho, con respecto al cual deberían igualarse.

La reforma que propone el Consejo Fiscal no solo obedece a una cuestión de armonía interna del Código Penal, sino que pretende dar respuesta a algunas de las recomendaciones hechas por la OCDE. Lamenta asimismo que se haya desaprovechado "la oportunidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en más delitos de los previstos actualmente en el Código Penal".

Por otra parte, el Consejo Fiscal estima adecuado extender el número de ilícitos penales que llevan aparejada la pena de prohibición de contratar con el sector público. "Dicha pena resulta particularmente apta para desalentar la comisión de delitos relacionados con la corrupción", señala, por lo que pide establecerla en caso de prevaricación administrativa, fraudes o negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Decomiso de criptoactivos

Por otra parte, los fiscales sugieren regular el decomiso de criptoactivos así como su venta anticipada. "En la sociedad actual, y más aún en el mundo delincuencial, la tenencia de criptoactivos con un gran valor económico es una práctica cada vez más habitual y con la que se encuentran los órganos judiciales y las fiscalías en el marco de las investigaciones penales", apunta.

Sin embargo, en el momento en que se produce la explotación de las operaciones policiales "no se dispone de una regulación jurídica adecuada que asegure cómo llevar a término el decomiso de esos criptoactivos, su conservación hasta su realización, su gestión e incluso su venta anticipada para evitar la pérdida de valor inherente al carácter fluctuante que tienen los activos virtuales en el mercado cibernético", añade el informe. Por ello plantea que a estos casos pueda aplicarse la figura del "decomiso administrativo o preventivo", es decir, aplicado en el ámbito no penal.

Psicólogos para informantes

Por otra parte, y como la reforma prevé modificar algunos artículos de la denominada Ley del Informante para la protección de testigos y peritos en causas criminales, la Fiscalía propone que se ofrezca "un programa de seguridad personal, información clara y fácilmente comprensible acerca de la mecánica y evolución del proceso penal y de la posición del testigo/perito en el mismo", además de "asistencia integral y especializada, que incluya terapia psicológica continuada, facilitación de recursos para un alojamiento seguro, apoyo para la reinserción laboral, social y familiar y ayuda y acompañamiento"

Añaden los fiscales la necesidad de "activación de alertas penitenciarias que permitan conocer con antelación las salidas de los autores del delito como consecuencia de permisos penitenciarios o por licenciamiento definitivo, y reforzar las medidas de seguridad adoptadas, en caso de ser preciso". A juicio del Consejo Fiscal, "de nada vale una completa protección del informante si después no se garantiza su adecuada protección en todas las fases del proceso en que deba comparecer ante la autoridad judicial".

También pide la Fiscalía en su informe modificar diferentes preceptos para reforzar la confidencialidad de las investigaciones y la posibilidad de aplazar la comunicación de información a las personas afectadas para proteger la investigación en curso e incluir "la obligación de garantizar una supervisión humana significativa, la exigencia de evaluaciones de impacto en protección de datos, la previsión de medidas de transparencia, así como de trazabilidad y rendición de cuentas que permitan evaluar objetivamente, el funcionamiento de los modelos de IA empleados" en las investigaciones.

Finalmente, propone modificar el anteproyecto en relación con el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Lo consideran necesario porque, en la práctica, la Fiscalía Especial es siempre invitada y escuchada en relación con sus solicitudes a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y es beneficiaria de los recursos del fondo, pero no ostenta la condición de miembro de la Mesa, lo cual carece de sentido".

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