Dos presuntos 'enchufes' investigados por Anticorrupción, a la espera de juicio

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento y el Puerto de Valencia apunta a cuatro nombramientos en puestos presuntamente teledirigidos para recolocar a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, el organismo conformado por el Gobierno, la Generalitat y el consistorio para la organización de Copa América. La denuncia de Compromís, a raíz de la cual Anticorrupción ha abierto diligencias, apunta a una "concertación en el tiempo entre representantes" de las dos instituciones y algunos trabajadores para "activar plazas de empleo público de características similares" y "dirigidas solo a personas predeterminadas", que acabaron resultando adjudicatarias.

Las diligencias giran en torno a una plaza del Ayuntamiento de València, una de la Generalitat Valenciana y dos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Y lo cierto es que estos dos últimos procesos selectivos ya habían generado suspicacias dentro y fuera del Puerto, que preside Mar Chao. De hecho, ya están en los tribunales y a la espera de juicio en los juzgados de lo social. Se trata de la subdirección de Infraestructuras Instalaciones y Conservación, adjudicada a Manuela Gras; y la jefatura de la Gestión Económico-Financiera, que dirige Alicia Gimeno.

Las sospechas eran tales que tres semanas antes de que se acabara el plazo para presentarse al concurso, se registró ante notario un documento que dejaba constancia de que existía "el firme convencimiento" de que dos de las plazas iban a ganarlas Manuela Gras y Alicia Gimeno, como así acabó siendo. Una vez se consumó la adjudicación, la Unión General de Trabajadores (UGT) impugnó estas convocatorias por incumplir los "principios fundamentales como el mérito, la capacidad y la igualdad" y porque se habrían diseñado  "con criterios que favorecen a determinados perfiles, dejando de lado a otros aspirantes que podrían cumplir con los requisitos necesarios como el propio personal que trabaja" en el Puerto.

Junto a estas dos plazas, el sindicato llevó a los juzgados un tercer nombramiento en la Autoridad Portuaria, el de la subdirectora de Gestión de Dominio, Belén Fernández, que ya ha abandonado su puesto y no figura en las diligencias de Anticorrupción. Así pues, los tres casos están pendientes de resolverse en el ámbito de lo social: el pasado mes de julio estaba previsto el juicio respecto a uno de los nombramientos pero se aplazó por indisposición de un abogado, mientras los otros dos están señalados para otoño.

No hay que olvidar que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señaló estas convocatorias en su auditoría de cumplimiento y operativa de 2024, donde dejó negro sobre blanco que "podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso al empleo público" al conener "requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado". Asimismo, en este informe que Chao intentó ocultar tanto a los consejeros del Puerto como a los medios de comunicación, la Intervención señalaba que la gestión de estas plazas era "deficiente y con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad".

Así pues, mientras los juzgados de lo social tendrán que resolver el conflicto laboral por presunto 'enchufismo' en el Puerto, la Fiscalía explora la vía penal por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias no solo respecto a la presidenta del Puerto sino también para la alcaldesa de València, María José Catalá. Al final, en el interín de la disolución del Consorcio, el consistorio del Cap i Casal creó tres convocatorias: una de ellas la acabó ganando un extrabajador, Enrique Móner, mientras que las otras se declararon desiertas una vez se adjudicaron las plazas en el Puerto.

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