Sánchez promete actuar "con toda la fuerza" si el pacto de PP y Vox en Extremadura vulnera derechos

"El pacto en Extremadura cuestiona derechos de ciudadanía y la historia de la propia autonomía, que es una tierra de emigrantes". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado el pacto de gobierno del PP y Vox en Extremadura, por el que la dirigente popular María Guardiola volverá a ser investida, de "un bloqueo, un frenazo y una involución en el desarrollo de Extremadura", y ha prometido actuar desde el Gobierno para frenar sus políticas. La formación de extrema derecha ha logrado hacerse con la vicepresidencia, que quedará a cargo del portavoz de las filas de Vox, Óscar Fernández, quien también ostentará la cartera de Desregulación, Familia y Servicios Sociales; así como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El acuerdo de coalición contiene 74 medidas articuladas en 61 puntos. El texto se reparte en 11 áreas, desde energía e industria hasta educación, familia, gasto y el reparto de poder dentro del Ejecutivo. En materia de inmigración, se rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, se insta a adaptar el nuevo reglamento europeo de retornos, se plantea promover devoluciones de menores con sus padres, se veta nuevos centros o ampliaciones de plazas, se endurece el régimen disciplinario y se prevén pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.

Sánchez, que ha comparecido ante los periodistas junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de la celebración de la primera cumbre entre los dos países en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, ha criticado que en el acuerdo se hable de desregulación, lo que para el jefe del Gobierno no es otra cosa que "un recorte de derechos" y "el debilitamiento del Estado del bienestar", al tiempo que se proponga acabar con los proyectos para las energías renovables, que son sinónimo de reindustrialización, ante un contexto de crisis climática.

"El papel lo aguanta todo, pero les digo, como hemos hecho en otros momentos, que el Gobierno lo va a recurrir con toda la fuerza. Que los españoles tengan la total y absoluta garantía de que el Gobierno preservará sus derechos", ha ensalzado.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al considerar que el pacto se pliega a un “marco ideológico de la extrema derecha”: "El Gobierno va a estar muy vigilante del pacto ultra y llevará al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio o suponga recortes de derechos". Durante una entrevista en ‘La Sexta’, ha señalado que sería contrario a la legislación vigente no dar asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular o medidas que contendría en contra de la ley de memoria democrática, como la tramitación como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

El titular de Justicia ha situado al Ejecutivo como “garantía” de que no se produzcan recortes de derechos derivados de su aplicación. “Llevaremos todo aquello que sea contrario a la ley y a la Constitución a los tribunales ordinarios y al Tribunal Constitucional cuando sea necesario”, ha insistido. Para Bolaños, el acuerdo ratificado este jueves “es absolutamente xenófobo” y se ha preguntado que si un bebé con una “otitis o un cólico” hijo de migrantes sin regularizar no será atendido en función de este acuerdo de gobierno. Por todo ello ha cargado contra el PP por situarse del lado de los partidos conservadores en la UE que, en lugar de “combatir” a la ultraderecha, se acaben plegando y “poniendo alfombra roja” para gobernar.

Asimismo, desde Vivienda han avanzado que el Gobierno velará para que las políticas de vivienda que se desarrollen "respeten la igualdad", el "rigor y la transparencia en los procesos de adjudicación", y que se "blindará la protección de esas viviendas para que nunca se pueda especular con ellas".

“Prioridad nacional”

Se incluye también la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad contra el fraude del padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.

Desde Vox se ha destacado el compromiso de un sistema de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones inspirado en la "prioridad nacional". “Prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y la vivienda social”, ha destacado el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, pese a chocar con la normativa estatal.

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