La expresidenta de Adif arremete contra el informe de Hacienda que señaló irregularidades en los contratos que implican a Cerdán

La defensa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la parte de la trama Koldo que aún se instruye en la Audiencia Nacional, ha presentado un contundente escrito de alegaciones para combatir las tesis que el pasado marzo presentó la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en relación con los contratos de obra sospechosos de haber dado lugar al cobro de comisiones. Esta parte de la investigación afecta al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán.

Concretamente, Hacienda apunta a tres contratos adjudicados a Acciona Construcción, S.A., bien en UTE con Ferrovial Agroman, S.A. o individualmente, en los que se dan "una serie de notas comunes" como son los incrementos en el precio final de la obra o la relevancia dada a juicios de valor para determinar las adjudicaciones. Dos de ellos son contratos para la red ferroviaria murciana y el otro en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) realizados durante la etapa de Pardo de Vera al frente del organismo público.

A juicio de la defensa de la expresidenta de Adif, que ejerce el abogado Gonzalo Rodríguez-Mourullo, el informe de la IGAE no incluya una motivación técnica suficiente que identifique con precisión el error material o la infracción normativa que se pretende imputar a su cliente. Por contra, se limita a "formular hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas que no se apoyan en la identificación de errores técnicos concretos ni en la aportación de análisis técnico alternativo alguno".

A juicio de la defensa de Pardo de Vera, para sostener jurídicamente una imputación de manipulación, predeterminación o sesgo en la fase de valoración de las ofertas, resulta imprescindible que el informe identifique y aporte, para cada uno de los contratos, "la fecha del informe técnico y la constancia de su cierre, la fecha y hora de apertura de la oferta económica, la fórmula exacta de valoración del precio, el umbral técnico, el cálculo de anormalidad, las ofertas excluidas en cada fase y la motivación", algo que no se cumple en el trabajo en poder del juez Ismael Moreno.

Controles internos

"Sin esa reconstrucción completa, la conclusión del informe no es demostrativa, sino meramente apodíctica", llega a decir el escrito. Añade que, además, el informe de la IGAE debería explicar de forma expresa "por qué se aparta de los informes favorables emitidos en la tramitación del expediente por los órganos jurídicos, económicos y de control" del propio Ministerio de Transportes sobre estas obras concretas. "Mientras esa explicación no exista, el análisis de la Intervención General no puede erigirse en prueba autosuficiente de irregularidad alguna".

Y esto es porque, según incide esta parte, la aprobación de las licitaciones por el Consejo de Administración de Adif o de Adif-Alta Velocidad vino precedida, "de cuantos trámites, informes y documentos resultan preceptivos de acuerdo con las disposiciones legales que les son de aplicación".

Agrega que fueron estos informes los que permitieron que las licitaciones fueran finalmente "autorizadas por el Consejo de Ministros o por la Secretaría de Estado a las que están adscritas las entidades" y que, en definitiva, Adif aprobara la adjudicación de estas obras. Igualmente, aduce que lso funcionarios que realizan esas labores de control interno las realizan unos funcionarios que "tienen independencia funcional respecto de los titulares de la entidad cuya gestión controlan". Es decir, que no dependían de Pardo de Vera.

El análisis realizado por la Intervención General, por contra, apunta que en los contratos sospechosos son empresas las que determinaban la iniciación de la ejecución de los trabajos, "es decir, todavía no ha comenzado la ejecución de la obra, pone de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto". También en los tres casos de Murcia y Sant Feliu dicha modificación supuso un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y la modificación incumple la normativa sobre modificaciones prevista por la ley.

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