La investigación de la dana en las Cortes Valencianas se estanca tras el paso de las víctimas

La investigación sobre lo ocurrido en la dana ha vuelto a quedarse estancada en las Cortes Valencianas. La sala donde se reúne la comisión que ha de aclarar las responsabilidades políticas de lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia debe estar erigida sobre arenas movedizas porque, de nuevo, sus trabajos han quedado encallados, atrapados en la falta de determinación de PP y Vox, con mayoría en la cámara autonómica suficiente como para convocar una sesión que, sin embargo, no se celebra desde el 24 de febrero.

Fue con la comparecencia de las asociaciones de víctimas y afectados por la catástrofe, una doble jornada en la que intervinieron una decena de entidades y representantes de distintas entidades. Lo que se había erigido en una cita simbólica para que los familiares intervinieran en su 'casa' tras haber pasado previamente por el Congreso y el Parlamento Europeo ha acabado siendo, a su vez, un nuevo parón, otro más, dentro de una comisión que en un año desde su constitución no ha alcanzado todavía la decena de convocatorias y que ha de marcar su rumbo.

La sucesión de festividades, con Fallas, Magdalena y Semana Santa casi seguidas en el calendario, no ayuda, pero lo de la comisión del parlamento valenciano sobre la riada del 29 de octubre sobrepasa ya la cuaresma, la cuarentena y cualquier vigilia. En total ya son 41 días con la comisión congelada. Entre medias, de hecho, las Cortes ha registrado un nivel de actividad relativamente elevado con hasta tres plenos con sus sesiones de control, sus respectivas juntas de síndics previas así como la celebración de otras once comisiones de distintas materias.

El paso de las víctimas por el parlamento valenciano fue, casi 500 días después de la dana, una cita de gran carga simbólica, pero también debía suponer una nueva etapa dentro de la investigación en las Cortes. Estas dejaban atrás las intervenciones de expertos en obras hidráulicas que, a excepción de Carlos Mazón y una frustrada citación a varios cargos del Gobierno central, habían copado todas las sesiones de comparecencias. No obstante, tras su paso, no hay una hoja de ruta que indique hacia dónde se van a dirigir los trabajos.

Avance en el Congreso

La lógica indica que los próximos que pasaran por la comisión fueran los responsables de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre, dado sobre todo el rechazo y la no obligación legal que tienen los representantes de la Administración General del Estado (algo que va desde ministros hasta la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Aemet) de tener que acudir al llamado de un parlamento autonómico, en este caso el valenciano. No obstante, no es descartable un nuevo intento de ser citados para evidenciar esta negativa.

Pero ese camino tiene poco recorrido y las miradas se vuelven hacia Emergencias. En el plan de trabajo aprobado por PP y Vox están en la lista de futuras citaciones Salomé Pradas, exconsellera de Justicia; Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, y el exdirector general de esta materia, Alberto Martín Moratilla, todos ellos ya fuera del Consell. También está el funcionario de mayor rango dentro de este departamento, Jorge Suárez, quien compareció el pasado 23 de marzo en la comisión del Congreso donde remarcó la falta de avisos de la CHJ sobre el Poyo.

De hecho, el avance de la comisión de la Cámara Baja contrasta con el del parlamento valenciano así como con la del Senado. El Congreso ya tiene convocada para el próximo 20 de abril su siguiente sesión donde comparecerán el responsable territorial de Aemet, José Ángel Núñez, y el exdirector general de Innovación de Emergencias de la Generalitat, Raúl Quílez, quien el día de la dana estaba en el Cecopi como máximo responsable de los bomberos forestales.

Negación de información

El estancamiento en sus trabajos confluye con la denuncia del PSPV de la actitud “obstruccionista y entorpecedora” del Consell respecto a la solicitud de información sobre la dana. Lo hizo la diputada socialista, Alicia Andújar, quien cargó contra la "opacidad" de la Conselleria de Emergencias que encabeza Juan Carlos Valderrama al negar dar el informe sobre la gestión de una presa que el 29 de octubre el agua llegó a desbordar por coronación, sobrepasando más de dos metros el muro de contención, el torrente descontrolado que arrasó con todo se llevó también la vida de siete personas entre las 230 víctimas de la dana.

Los socialistas recuerdan que la solicitud de este informe se acordó por unanimidad en las Corts en diciembre. Sin embargo, ese consenso se ha topado con la negativa de la Conselleria de Emergencias que ha rechazado remitir esa documentación escudándose en la misma ley que se vulneró en el caso de la llamada filtrada de Aemet con el 112 y que se investiga en el Juzgado de Llíria.

En un escrito a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, rechaza su remisión alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia del 112 "únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial". Y añade: "Dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias".

Esa norma a la que alude Emergencias es la que se infringió con la filtración de la llamada entre una operadora de Aemet y otra del 112 sobre la situación meteorológica del 29 de octubre y que está siendo investigada en el Juzgado de Llíria. Este audio, editado para que pareciera que la agencia estatal rebajaba el nivel de alerta de cara a la tarde de esa jornada, estaba bajo custodia de Emergencias y fueron altos cargos de Justicia entonces los que se lo guardaron en un pen drive, porque, según declaró el funcionario de más alto rango de este área en los juzgados, Jorge Suárez, lo había pedido Presidencia de la Generalitat.

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