El ex alto cargo de Transición Ecológica investigado por Forestalia señaló al socio de Santos Cerdán como contacto de la presunta trama

Eugenio Jesús Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, fue el único de los seis detenidos que declaró ante la Guardia Civil el pasado martes, dentro de la operación Perserte que ese día entró en hasta doce localizaciones vinculadas a la supuesta trama de Forestalia. El ex alto cargo en el Miteco y su mujer, Montserrat Heredero, que copió su declaración, contaron a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) cómo se incorporaron al engranaje empresarial. Y Domínguez señaló a Antxon Alonso, empresario navarro y socio de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo.

Domínguez, que acompañó a los agentes en el registro de su domicilio en Madrid, admitió ante los agentes que "a raíz de su actividad profesional desarrollada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantuvo diferentes contactos con D. Ignacio Emilio López-Galiacho Perona". Según el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, López-Galiacho es el CEO de la consultora Altacia, especializada en gestión medioambiental. Testigos que han ayudado a la investigación señalaron a la UCOMA que Domínguez "acudía asiduamente a realizar diferentes trabajos" a esta empresa. Una acción que otros testigos han dicho que hacía también con Forestalia, la empresa de Fernando Samper y centro de toda la investigación.

El antiguo responsable en el Miteco señaló que el jefe de Altacia le informó de "la posibilidad de invertir en temas relacionados con energías renovables y parques eólicos". Y que para llevar a cabo ese primer contacto con esas inversiones, López-Galiacho le puso en contacto con Antxon Alonso para "mantener conversaciones sobre los posibles proyectos mencionados anteriormente".

Tras esos contactos con el empresario al frente de Servinabar, Domínguez conoció a Roberto Pérez Águeda, presentado como "especialista en empresas que se dedican a la explotación de energía eólica", según recogen los informes de la UCOMA. Pérez Águeda, y su hermano Eduardo, también están siendo investigados en el caso Forestalia y la Guardia Civil los presenta como presuntos testaferros de Samper.

La Guardia Civil afirma que Pérez Águeda es quien presenta "la estructura societaria para desarrollar dichos proyectos de energías renovables". Domínguez y su esposa compraron, a raíz de esa reunión, participaciones en Caliope, mercantil del entramado empresarial, a través de otra empresa investigada, Dherco.

La compra se realizó ante el notario Javier de Lucas, también investigado por la Guardia Civil, y mediante la figura "acta de depósito", sin estar elevada a público. Domínguez, al ser preguntado por la UCOMA por la elección de este modo, respondió que fue "la manera en la cual Roberto Pérez Águeda le indicó que se haría".

La compraventa de participaciones en diferentes sociedades vinculadas al entramado mercantil fue el mecanismo elegido para "contraprestar" los servicios de Domínguez. El ex alto cargo del Miteco "sorprendentemente", según la Guardia Civil, participó presuntamente en los proyectos en los que había invertido "mediante el desarrollo de propuestas de Declaraciones de Impacto Ambiental durante su etapa en el Miteco". Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, Domínguez recibió unos 5,2 millones de euros gracias a "pagos ilícitos" a través de estas empresas pantalla.

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