La Audiencia Nacional asume la investigación del caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. 

En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal especializado al entender que la envergadura de las pesquisas que tenía entre manos superaba las competencias de los juzgados de Instrucción madrileños y era conveniente remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional.

Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha asumido el caso como juez de la Plaza 2, a la que correspondió la causa por antecedentes, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno. 

Zapatero en el Senado

La decisión de Calama se conoce justo un día después de que el expresidente del Gobierno del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero rechazara en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No en absoluto", dijo, para después negar cualquier conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estos hechos.

in embargo, ante las preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha reconocido que cobró alrededor de 450.000 euros de su amigo Julio Martínez Martínez, detenido en el caso Plus Ultra, por elaborar una quincena de informes, algunos "escritos a mano", pero también por otros trabajos: "Yo hice muchos informes orales al señor Martínez y a personas que le interesaban a él", ha especificado, para después completar que también llevó a cabo "seminarios y conferencias. Mi opinión vale, mi trabajo vale", ha defendido.

Varios detenidos

En diciembre pasado fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su 'número dos', Roberto Roselli; y el empresario español Julio Martínez Martínez.

Por su parte, la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción señala a los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu, pero también a Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español. 

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