La Fiscalía pide a la jueza del espionaje con Pegasus y Candiru que anule la imputación de un magistrado del Supremo

La Fiscalía Provincial de Barcelona recuerda a la jueza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Julia Tortosa, que abrió causa por presunto espionaje a empresarios con Pegasus y Candiru, que carece de competencia en relación con Félix Azón, el magistrado desde hace un año en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que se ha visto implicado en este procedimiento por haber sido director general de la Guardia Civil.

La jueza imputó formalmente a principios del pasado mes de marzo a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelíes por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos a personas del entorno independentista, se investiga desde el pasado mes de septiembre, cuando se admitió la querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

En el caso de Azón, sin embargo, la Fiscalía recuerda que se trata de un caso de "aforamiento sobrevenido" y debe anularse de forma parcialmente el auto de imputación en lo relativo a este magistrado del Supremo "por falta de competencia objetiva", sin perjuicio de que los querellantes puedan reiterar su acusación contra él ante el órgano competente, que es el Supremo, señala el escrito firmado por el fiscal Roberto Valverde al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. A este respecto, y preguntados por esta posibilidad, los querellantes señalan que no descartan "ninguna acción".

Los cinco querellantes —Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives— son empresarios y desarrolladores de "protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana", según detallan en un comunicado. En su querella, Sentinel Alliance sostiene que el espionaje fue dirigido contra ellos precisamente por su perfil profesional. Denuncian que las autoridades españolas alegaron el desarrollo de las herramientas de voto digital de código abierto de los querellantes como justificación del espionaje, al considerar que "el uso potencial futuro de esas herramientas por terceros constituía una amenaza a la seguridad nacional".

Postura de la Fiscalía

Con respecto a Azón, la Fiscalía señala en su escrito, de fecha del pasado 24 de febrero, que la ley establece que los actos procesales son nulos de pleno derecho cuando se produzcan ante un tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva, como es el caso. Agrega que es el Tribunal Supremo el que entiende de investigación a magistrados, y que en este caso además no puede entenderse que se investiga a Azón por un delito cometido en el ejercicio de su cargo "dado que el marco temporal en que se ubican los hechos es anterior a su promoción" a la categoría de magistrado al alto tribunal.

En su auto, la jueza ordenó comunicar la imputación a Azón por ser director de la Guardia Civil entre 2018–2020 y también implició en la causa a su sucesora  María Gámez (2020–2023); a la exdirectora del CNI Paz Esteban; a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y a los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Yakov Weizman y Eitan Achlow.

La querella relata cómo durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, un sistema operativo espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. Tal y como informó en su día esta redacción, la querella documenta también que uno de los querellantes, Jordi Baylina, fue objeto de espionaje mientras se encontraba en territorio suizo. Citizen Lab documentó al menos 78 ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares o asesores como Elies Campo, según denuncian ante la justicia.

"Las identidades e información confidencial de sus proyectos empresariales —extraídas con software espía— fueron filtradas ilegalmente a medios de comunicación, lo que Sentinel Alliance considera un intento deliberado de perjudicar comercialmente a sus empresas tecnológicas y su reputación", agregan en su querella.

Suscríbete para seguir leyendo