Un publicista admite en el juicio a los Pujol que pidió créditos para sufragar campañas de CDC, pero del detalle se remite a una compañera fallecida

El fiscal Fernando Bermejo y la Abogacía del Estado siguen intentando vincular a la familia del expresidente Jordi Pujol Soley con la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En la sesión celebrada este jueves del juicio por la fortuna oculta en Andorra, el presidente y administrador de la agencia de publicidad Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, ha admitido que solicitó dos préstamos en la entidad Fibanc para sufragar campañas de CDC, ha insistido en que no lo recuerda y se ha remitido, para los detalles, a la directora financiera de la sociedad ya fallecida.

Según la versión de este testigo, él no se encargaba de las cuestiones económicas. Sin embargo, posteriormente el subdirector de esta mercantil le ha desmentido y ha afirmado que era el propio Giménez-Salinas quien llevaba estos asuntos. Los créditos fueron avalados por dos bancos ubicados en Andorra, pese a que ambos testigos han negado que la compañía tuviera relación con entidades bancarias del país vecino.

Giménez-Salinas ya fue condenado en 2018 a ocho meses de prisión por la financiación de CDC a través del Palau de la Música, y tanto el fiscal Fernando Bermejo como la Abogacía del Estado han profundizado en su interrogatorio sobre la relación de su empresa con el partido fundado por Jordi Pujol Soley. La acusación pública sostiene que el 16 de diciembre de 1999 Fibanc concedió a Altraforma una línea de crédito de 56.000.000 de pesetas (336.566 euros). A su entender, aunque formalmente el préstamo fue avalado por Banca Reig (Andorra), la garantía real del crédito eran fondos de una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en el país vecino.

“CDC no me exigió nada, pero tenía muy buena relación con el partido y quizá nos ha echado una mano en algún momento”

Miguel Giménez-Salinas

— Presidente Altraforma

En 2004, Fibanc concedió un segundo préstamo a esta empresa por importe de 454.000 euros. En este caso, el aval fue prestado por el acusado Francesc Robert Ribes —exdirector de la televisión andorrana y presunto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola— utilizando fondos de una cuenta en el Banc Sabadell d’Andorra. La mercantil amortizó esos préstamos con los ingresos periódicos que realizaba CDC y, posteriormente, con dinero aportado por la empresa Benito Arnó, con la que —según el presidente y el subdirector de Altraforma que ha testificado— la compañía “nunca había trabajado”.

Durante su interrogatorio, el presidente de Altraforma se ha acogido en varias ocasiones a la frase “no recuerdo” cuando se le ha preguntado por esos dos préstamos, pese a que se trataba de cuantías importantes en aquella época. El fiscal ha tenido que enseñarle los documentos de los créditos firmados por él, aunque el testigo solo ha reconocido que estuvo en Fibanc, sin precisar para qué. “No recuerdo ni años, ni dinero”, ha insistido. Ha recalcado que él “solo era el creativo”: “Simplemente no me acuerdo. Ni niego que sea verdad ni mentira”. Eso sí, ha negado haber tenido relación con Banca Reig, que fue la entidad que avaló una de esas líneas de crédito.

Esta misma operativa la realizó otra empresa, Hispart, implicada en el caso Palau y en la financiación de CDC. Sin embargo, el fiscal ha incluido en este esquema a la mercantil Winner Graph, que también realizó trabajos de impresión para el partido nacionalista durante campañas electorales. Según la documentación aportada a la causa, esta sociedad firmó un crédito de 100 millones de pesetas (601.000 euros) con Fibanc. No obstante, un directivo de Winner y exmilitante de CDC, Carles Herrándiz, ha negado que se solicitara ese préstamo, pese a que su nombre aparece en los contratos, y ha precisado que la empresa la dirigía su hijo. “Seguro que no se pidió nada”, ha afirmado. También ha dicho que no conoce a las empresas que ingresaron fondos para cancelar ese crédito.

"Buena salud financiera"

“CDC no me exigió nada, pero tenía muy buena relación con el partido y quizá nos ha echado una mano en algún momento”, ha reconocido Giménez-Salinas, que ha subrayado que no conoce al imputado Francesc Robert, la persona que intervino, según la Fiscalía, en esa operativa. El subdirector de la empresa que también ha comparecido como testigo ha admitido que realizaron campañas electorales de CDC, pero ha añadido que no le constaba que tuvieran que recurrir a un préstamo para poder operar, ya que Altraforma “tenía una buena salud financiera”. También ha negado que la mercantil tuviera relación con bancos andorranos. Él era el responsable de la gestión de clientes y su contacto en CDC era David Madí. Altraforma había realizado, además, trabajos para la Generalitat y, de esta manera, conoció al expresidente.

También ha declarado este jueves el exconseller de Política Territorial de la Generalitat durante la presidencia de Jordi Pujol Soley y director de Serveis de Salut, Jaume Roma Rodríguez. También fue presidente de la consultora JJ New Strategic Advisors, que firmó en mayo de 2003 un contrato de colaboración con Project Marketing, una de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, por un valor de 138.478 euros brutos, según el auto de procesamiento del caso Pujol. El contrato tenía por objeto un supuesto asesoramiento en proyectos sanitarios en Argentina.

Ante el tribunal Roma ha explicado que no firmó ningún contrato con Pujol Ferrusola, pero le pagó en 2003, porque acudió a él, ya que sabía que tenía muchos contactos y relaciones en Argentina y necesitaba empresarios con los que asociarse para gestionar el Hospital el Milagro en la localidad argentina de Salta. "Me comprometí a que cuando le pudiera pagar, le pagaría, en 2003 como el hospital funcionaba de forma perfecta, le hice una retribución", ha afirmado el 'exconseller', que ha añadido que no sabe qué sociedades utilizó el primogénito del expresidente catalán para cobrar. Lo que no ha sabido aportar al tribunal ha sido el nombre de ninguno de esos supuestos socios.

El juicio se reanudará el próximo día 23 con la declaración de nuevos testigos. Todavía quedan por declarar más de medio centenar de los 250 inicialmente citados.

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