El CGPJ ultima un plan de formación y una instrucción sobre el uso de IA para los jueces

A finales del pasado mes de septiembre el Consejo General del Poder Judicial renovó sus comisiones y a los vocales Esther Erice, Luis Martín Contreras, José María Páez, José Luis Costa Pillado y José Antonio Montero se les encomendó realizar un diagnóstico sobre el empleo de las nuevas herramientas de IA en justicia. Sus resultados serán llevados aprobados previsiblemente en el Pleno de este miércoles, con la intención de convertirlo en un "objetivo estratégico" del órgano de Gobierno de los jueces.

Así lo explica a El PERIÓDICO el vocal y también magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Antonio Montero, que describe el plan diseñado junto a sus compañeros como "muy ambicioso". Se pretende que la formación en las nuevas herramientas de IA sea obligatoria para todos los jueces que ahora mismo están en la Escuela Judicial y se ofrecerá a los más de 5.400 que integran la carrera, añadiendo además un nivel avanzado de especialización que esperan que pueda impartirse a entre 150 y 250 miembros de la carrera judicial en España.

Desde el Consejo esperan que nadie minusvalore la importancia de ponerse al día en esta materia, teniendo en cuenta que el uso de herramientas de IA es utilizado en la elaboración de escritos por el 80 por ciento de los despachos de abogados españoles, según estimaciones del propio Consejo. No existen estadísticas oficiales, pero el alcance de la nueva realidad obligará además a sacar una Instrucción o norma interna "para orientar a los compañeros cómo se puede y no se puede usar la IA". No pueden quedarse atrás, y por ello prevén aprobar estos planes este mismo mes de enero y además por unanimidad.

Se hace porque al Consejo han llegado denuncias de un presunto mal uso de esta tecnología y constatarse que algunos jueces españoles ya usan habitualmente herramientas como el Copilot o ChatGPT a la hora de buscar jurisprudencia o elaborar sus escritos. Las quejas se presentan "porque se ha trabajado en abierto y se ponen en peligro los datos, o por tema de valoración de prueba", concreta.

"Esto es sí o sí", remarca Montero sobre la necesidad de la formación y las instrucciones, si bien reconoce que, con los presupuestos prorrogados, el problema será el de financiación del proyecto, pensado para los próximos cinco años y diseñado además "en consonancia con lo que quiere Europa".

En relación con el Reglamento Europeo sobre IA, y pese a reconocer que los jueces son a veces "reacios" a los cambios, Montero apunta que todo lo relacionado con el uso de los motores de IA generativa en derecho constituyen usos de alto riesgo, por lo que desde el Consejo deben ser proactivos. En todo caso, no debe perderse de vista que "la automatización tiene unos límites, porque las sentencias y resoluciones son un producto humano".

Otros objetivos del Consejo del Poder Judicial pasa por intentar que todos los órganos, junto con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, así como la Fiscalía, los registradores, la Policía logren converger en un sistema único a la hora de automatizar sus registros. Saben que es complicado y "también hace falta dinero" pero desde el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) son pioneros en la aplicación de herramientas de IA y este debería ser el modelo.

El tercer pilar pasa por reforzar la ciberseguridad para evitar ataques y suplantación de personalidad, cosa que le ha ocurrido a algún juez con respecto a su correo electrónico. "Se trata de convertir lo que es la digitalización y la implantación de IA en un objetivo estratégico -concluye-. El proyecto está ahí, pero necesitamos mucho dinero y de ser capaces de que parte lo financie la Unión Europea". Considera que al Consejo le corresponde liderar y controlar el uso de estas tecnologías porque "están en juego los derechos de los ciudadanos".

Suscríbete para seguir leyendo