El ascenso de la jueza del caso contra López Madrid y Villarejo por agredir a la doctora Pinto obliga a aplazar de nuevo el juicio

El ascenso a la Audiencia Provincial de Madrid de la jueza Paloma Pereda, hasta esta semana titular de la Plaza número 10 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, obliga a aplazar (por segunda vez) el juicio que iba a celebrarse el próximo 2 de febrero contra el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de acoso, amenazas y "lesiones con instrumento peligroso" sufridos por la doctora Elisa Pinto.

Este asunto hunde sus raíces en un conflicto personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas en los juzgados de instrucción de Madrid. López Madrid y Villarejo acaban de ser juzgados en la Audiencia Nacional por un delito de cohecho relacionado con el encargo realizado al policía para hostigar a la dermatóloga, un asunto en el que la Fiscalía no acusaba.

Sí lo hace en relación con las agresiones y el acoso, una causa en la que se reclaman penas de 13 años de cárcel para cada uno de ellos, además de una indemnización de 6.000 euros para Pinto por daños morales, más 1.150 euros por las lesiones. La acusación particular, en nombre de la doctora, eleva la petición de condena hasta los 22 años, mientras que la acción popular que ejerce la asociación Clara Campoamor reclama para ambos 17 años de prisión.

Sin sustituto

En una providencia que tiene fecha de este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el letrado de la administración de justicia asignado al juzgado que debería analizar ya este caso decreta la suspensión del juicio "no habiéndose nombrado, a fecha de hoy, a magistrado o magistrada que sustituya en dicha Plaza", y que será quien busque una nueva fecha para la vista oral.

Según el decreto firmado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, publicado en el BOE el pasado 20 de enero, Paloma Pereda "pasará a desempeñar la plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al orden penal". El cese se formalizó este mismo miércoles, por lo que desde el juzgado señalan que la actual situación no es "compatible" con la celebración del juicio que había sido señalado durante tres semanas consecutivas en el próximo mes de febrero.

Desde el entorno de la doctora Pinto lamentan que esta nueva suspensión profundice en "una situación de grave indefensión e impotencia para la víctima, que lleva más de 15 años luchando por demostrar los hechos sufridos y por reparar el daño personal, profesional y social que esta causa le ha provocado".

Este procedimiento tuvo su origen en la denuncia presentada por la facultativa contra López Madrid por acoso y que posteriormente se amplió por el delito de agresión por el apuñalamiento que dijo haber sufrido en abril de 2014, cuando bajaba de su vehículo acompañada de uno de sus hijos, de 10 años. Tres años después, en 2017, la doctora reconoció a Villarejo como autor de aquella agresión, que habría realizado presuntamente por encargo del empresario, según la conclusión de la juez.

Postura de la Fiscalía

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público incide en que cuando la mujer interpuso denuncia por un supuesto acoso los investigados pusieron "todos los resortes policiales necesarios para desacreditar a la denunciante". Los resultados de la investigación concluyeron que "la actividad delictiva desarrollada por José Manuel Villarejo, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro, no puede ser considerada como ocasional o puramente individual".

Los hechos se remontan a 2012, cuando Pinto era jefa del servicio de dermatología del Hospital San Camilo y en su condición de médico especialista conocía a la familia de López Madrid, con quien al año siguiente comenzó una relación de "estrecha" amistad. Según el relato que recoge la Fiscalía, a partir de entonces --y hasta septiembre de 2013-- comenzó a recibir regalos, mensajes subidos de tono, fotografías sexuales explícitas recíprocas o a tener encuentros "deliberadamente" casuales en sitios públicos (tiendas, restaurantes y lugar de trabajo).

Además, durante esos meses el empresario y la doctora mantuvieron "largas" llamadas telefónicas y una relación vía emails. En septiembre de 2013, López Madrid contactó con Villarejo, entonces comisario de Policía adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. De acuerdo al escrito del Ministerio Público, dicho contacto se estableció con la finalidad de hostigar a Pinto y evitar que le denunciara y, de paso, para que pusiera a su disposición particular los medios policiales necesarios para desacreditar las denuncias.

Hostigamiento

Así, entre los meses de septiembre y diciembre la doctora comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes amenazantes de López Madrid, diciéndole entre otras cosas, que había contratado a un comisario al que describió como las "cloacas del Estado" para que le ayudara a solucionar su resistencia, que era experto en generar coartadas falsas y en poner en su sitio a "chulas" como ella, o de las personas a las que éste había contratado.

Estas llamadas, "en principio", eran anónimas con voz de mujer distorsionada a su número personal de móvil y al fijo de su domicilio familiar en las que le decían: "Puta no te acerques a López Madrid, me vale madres llevarte por delante". Pinto también recibió llamadas a su otro número personal de móvil desde otros teléfonos correspondientes a tarjetas prepago adquiridas con identidad falsa, según las acusaciones. 

El Ministerio Público subrayaba que todos estos actos estaban dirigidos a alterar el sentimiento de seguridad y paz de la mujer "tratando de impedirla actuar libremente". Y ello porque las acciones que de manera "insistente" y "reiterada" realizaron los acusados pusieron de manifiesto que la víctima estaba siendo vigilada y perseguida y que, además, "alteraron gravemente la vida cotidiana" de la doctora y la de su familia.

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