Un juez investiga las denuncias por posible prevaricación en el Hospital de Torrejón

Nuevo capítulo en la crisis del Hospital de Torrejón. Un juzgado de la localidad madrileña ha abierto diligencias previas después de que se conocieran los audios en los que un directivo de Ribera Salud, el grupo que opera este centro público de gestión privada, llamaba a “desandar el camino” en la reducción de las listas de espera para mejorar el ebitda.

El pasado diciembre el PSOE madrileño presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que apuntaba a posibles irregularidades consistentes en "diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".

Los socialistas presentaron su denuncia en la Fiscalía después de que el diario El País publicara los audios de una reunión del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, con responsables del hospital en la que llamaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera con objeto de mejorar la cuenta de resultados.

Posteriormente, se recibieron otras denuncias sobre los mismos hechos presentadas por el abogado Francisco Javier López Vaquerizo, otra anónima y una de la asociación Defensor del Paciente.

La Fiscalía estimó que los hechos denunciados "pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación" y acordó la incoación de diligencias de investigación preprocesal cuando constató que por los mismos hechos ya se habían abierto diligencias previas en la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón, por lo que el pasado 8 de enero archivó sus propias diligencias de investigación preprocesal y remitió la documentación al juzgado de Torrejón para que se incorporen al procedimiento en curso.

La publicación de los audios de Gallart desató un torbellino político y social en torno al modelo de gestión publico privada que se mantiene en cinco hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), uno de ellos, el de Torrejón, operado por Ribera Salud y otros cuatro por el grupo Quirón.

Gallart fue apartado de la dirección de Torrejón Salud S.A., aunque siguió al frente de Ribera Salud. Desde la Comunidad se ha tratado de zanjar esa crisis señalando que las listas de espera en el centro hospitalario son incluso mejores que la media de los hospitales del Sermas y apuntando que las inspecciones llevadas a cabo por sus técnicos no han revelado irregularidades ni en la gestión de las listas ni sobre la reutilización de materiales de un solo uso, después de que se publicara que esa había sido una de las instrucciones transmitidas.

El Gobierno regional trata de minimizar el alcance de la decisión. "Tampoco esperábamos menos de la Fiscalía, es un trámite previo y ordinario que no presupone absolutamente nada", ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "Por parte de la Comunidad de Madrid se han realizado todas las auditorías, de hecho se hacen todos los años, se han hecho auditorías extraordinarias y no se ha detectado irregularidad alguna. Hemos hecho perfectamente nuestro trabajo".

La oposición, en cambio, insiste en la gravedad de los hechos. "El asunto es el más importante, yo creo, que nos estamos jugando en la Comunidad de Madrid", ha apuntado el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López. "Hemos escuchado a un gestor de la sanidad privada decir que tenía que incrementar la lista de espera para aumentar el beneficio, el ebitda de la empresa. Vamos a ir hasta el final porque están lesionando el derecho de los ciudadanos para favorecer el negocio de unos pocos".

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot. "Además de lesivo para los pacientes y perjudicial para las cuentas públicas, la gestión privada de los hospitales madrileños es con toda probabilidad delictiva. Y eso es lo que se va a dirimir en los juzgados de Torrejón", ha asegurado. "Este modelo va contra la salud de los madrileños, discrimina a los pacientes y parasita el presupuesto público".