Asturias carga contra el acuerdo entre Sánchez y Junqueras: "La financiación no puede ser un contrato de adhesión"

El Principado de Asturias se revuelve ante el acuerdo entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para reformar el sistema de financiación autonómica. "No puede ser un contrato de adhesión", avisó esta tarde Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno. Dicho acuerdo, del que se desconoce todavía la letra pequeña, fue conocido hoy después de una reunión en La Moncloa entre Sánchez, presidente del Gobierno y Oriol Junqueras, líder de ERC, partido socio del Ejecutivo de coalición progresista del PSOE y Sumar.

Según lo trasladado, lo pactado asegurará el principio de ordinalidad y Cataluña podrá disponer de  4.700 millones de euros más. Esta cantidad permitirá a la Generalitat aumentar un 12% más su capacidad presupuestaria.

El Principado, liderado por el mismo color político que el Gobierno central (PSOE), ha "exigido" la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera "para conocer la propuesta de reforma del modelo de financiación que nos anunció el ministerio de Hacienda", según aseguró esta tarde Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno.

Portazo de Peláez

Ese acuerdo, según Peláez, "debe servir como base para una negociación multilateral en la que la posición de Asturias será la defensa del acuerdo adoptado en la Junta General con todas las fuerzas parlamentarias salvo Vox y de la Declaración De Santiago suscrita por ocho comunidades autónomas". Asturias, que ya se había manifestado en contra del acuerdo por el que ERC apoyó la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desmarca de este modo del Gobierno central.

"Desde Asturias apostamos por un modelo centrado en garantizar los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad en un plano de igualdad en toda España, que tenga en cuenta las necesidades específicas de Asturias. La financiación autonómica no puede ser un contrato de adhesión sino el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas, y por ello exigimos la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera", destacó Peláez.

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