¿Qué han pactado Sánchez y Junqueras? Las claves de la nueva financiación con "singularidad" catalana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han oficializado este jueves el acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica con el que Cataluña dispondrá de 4.700 millones de euros adicionales, lo que supone un 12% más de capacidad presupuestaria. El nuevo modelo, si bien otorga una "singularidad" propia a la autonomía catalana, es "generalizable" al resto de comunidades. La clave es que garantizará la ordinalidad, eso es, que Cataluña recibirá según lo que aporta a la hacienda pública del Estado, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá destapar ahora las cifras de la nueva arquitectura financiera para ver cómo queda el ránking entre los distintos territorios una vez desvele cuántos ingresos inyectará el Estado y cómo se hará el reparto.

El principio de ordinalidad es un mecanismo que establece que las comunidades autónomas se ordenen en el ránking de aportadoras y receptoras según los recursos que entregan y reciben del Estado. Esto se traduce en que, si se respeta este principio, Cataluña, como es la tercera en aportar, debería ser también la tercera que reciba más recursos, y no la novena como ahora. Al entregar más fondos a la caja común, se aumentarán también los recursos que reciba por habitante para desplegar las competencias del autogobierno en materia de servicios públicos. La cifra acordada este jueves es que Cataluña tenga 4.700 millones de euros adicionales.

Pero hay un aspecto importante en la nueva financiación, y es que contará con una cuota de solidaridad. Con el nuevo diseño, Cataluña recabará los ingresos, entregará al Estado un porcentaje de estos para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad, y el resto lo administrará según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una nueva aportación al Estado -la cuota de solidaridad- y el Gobierno hará otra inyección de recursos para cubrir las competencias singulares, no homogéneas, que tiene la autonomía catalana. Cabe aún conocer la cuantía de esta cuota y cómo reequilibra a las autonomías dentro el sistema de financiación autonómico común.

La idea que sustenta la negociación de ERC sobre este nuevo sistema es que Cataluña no tenga solo más recursos, sino también más capacidad de recaudación y gestión de los tributos que pagan los catalanes. Esquerra registró una proposición de ley en el Congreso para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF en septiembre, pero los republicanos aplazaron su debate para cerrar antes los detalles del nuevo modelo. Pese a la insistencia de Junqueras, no ha logrado arrancar a Sánchez los votos del PSOE a su plan, y este asunto sigue siendo pues una condición del partido para sentarse a negociar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los catalanes.

El plan de los republicanos pasa por dar un encaje legal que permita a Catalunya recaudar el importe de todo este tributo tras constatar que no hay ni jurisdicción ni recursos en la hacienda catalana para hacerlo, de ahí que la Generalitat esté reforzando con más personal y más medios informáticos la Agència Tributària de Cataluña, creada en 2008. Si hoy este órgano recauda unos 5.000 millones de euros de los más de 50.000 millones que en Cataluña se pagan en impuestos, cuando la Generalitat pase a gestionar el IRPF, su capacidad crecerá en 25.000 millones más. Una multiplicación que Cataluña no puede asumir sin más medios.

Para que esta reforma de la financiación sea una realidad se requiere de una mayoría en el Congreso que no está asegurada. Montero convocará la próxima semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para exponer a todas las autonomías el detalle, y ahí el PP deberá exponer su posición. Hay barones como Marga Prohens (Baleares) que reclaman más fondos, pero no está claro si el partido tendrá una postura conjunta cuando vea los datos. Lo que sí critican al unísono es que se haya cerrado el pacto antes con ERC que con todos los territorios. Sea como sea, en este foro la propuesta quedará aprobada porque el Gobierno y Catalunya suman mayoría, así que el proyecto pasará después a la mesa del Consejo de Ministros.

Meses más tarde, previsiblemente en abril, llegará el turno de la Cámara baja porque para respetar la "singularidad" catalana debe amoldarse la legislación con una modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a Cataluña (16/2010).

Para que el plan salga adelante no es suficiente con una mayoría simple, eso es, con conseguir más 'síes' que 'noes', sino que se requiere de una mayoría absoluta (176 votos a favor). Es por eso que tanto ERC como el PSOE deberán recabar ahora el apoyo de grupos como Sumar, Junts, Podemos, BNG, Compromís, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria. La intención es que el nuevo modelo esté vigente en 2027 si nada altera los plazos.

La reunión de este jueves ha sido la primera entre Sánchez y Junqueras desde que el dirigente independentista salió de prisión por el referéndum del 1-O. La fotografía de los dos juntos accediendo al Palacio de la Moncloa no es menor, ya que oficializa el deshielo tras el convulso otoño del 'procés' y después de que los socialistas accedieran a los indultos y la amnistía.

Para ERC, sitúa al partido en una posición negociadora y pragmática, y así se ha encargado de subrayarlo Junqueras al salir del encuentro recalcando que el papel de su partido es el de "conseguir lo máximo" para Cataluña y "no renunciar a nada". También lo ha hecho cuando se le ha preguntado por si apoyará los presupuestos, algo en lo que ha insistido en que Esquerra quiere cuentas públicas en todas las instituciones siempre que tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa cumplan con sus compromisos.

Esta posición le otorga notoriedad ante Junts per Catalunya, quejosa de una falta de avances con el PSOE que provocó el divorcio, y le aventaja ante Carles Puigdemont, que todavía no se ha citado con Sánchez. Junqueras ha logrado anticiparse con la anhelada "amnistía política", que no es otra cosa que el reconocimiento público de los que fueron juzgados por el 'procés' como interlocutores políticos válidos para el PSOE, a la espera de que se les aplique la amnistía judicial, que está en manos de los jueces.

Para el presidente del Gobierno el encuentro da alas a su voluntad de agotar la legislatura y de exhibir sintonía con los socios, al tiempo que cumple con lo acordado, pese al seísmo en el PSOE y el cerco judicial por corrupción y por los casos de acoso en el partido. El propio Junqueras le ha emplazado a continuar gobernando siempre que sea "útil" para la sociedad catalana, síntoma de la relación de confianza que llevan trabajando desde hace meses para desatascar este acuerdo.

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