El juez prohíbe salir del país al exdirectivo de Acciona y destaca su "confianza" en la "influencia" de Cerdán para conseguir obras

El exdirector de Acciona Construcción España Justo Vicente Pelegrini ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que se reunió en distintas ocasiones con Joseba Antxon Alonso Segurrola, administrador único de Servinabar, pero también con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que la Guardia Civil atribuye una participación del 45% con el objetivo de poder cobrar las comisiones que se investiga si percibían por adjudicaciones de obra pública presuntamente amañada.

El magistrado ha impuesto tanto a Pelegrini, como a su subordinado Tomás Olarte Sanz, comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salir del país y retirada del pasaporte, conforme había solicitado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Para el juez, que las acusaciones no hayan pedido medidas más gravosas es una "decisión más que razonable, tomado en cuenta que, por lo que a la presente causa respecta, la investigación respecto" a ellos "apenas acaba de dar comienzo", aunque en su caso concurran "determinados indicios de su posible responsabilidad criminal en la eventual comisión de graves delitos": "cohecho y, acaso también, integración en organización criminal".

Fuentes presentes en la declaración han señalado que Pelegrini ha negado cualquier pago de comisiones ilegales y ha asegurado que todo obedeció a servicios prestados a Acciona por la empresa navarra en materia de riesgos laborales. Ha señalado que disponía de facturas que acreditan los trabajos realizados. No obstante, no ha conseguido convencer al magistrado, que en su auto, afirma que, "siempre en términos indiciarios", el exdirectivo de Acciona Construcción España "confiaba" que las adjudicaciones futuras se producirían a su favor mediante "la indebida influencia que, a tal efecto, desplegaría don Santos Cerdán", al que el auto considera "indiciariamente vinculado de manera estrecha con la empresa Servinabar". Todo ello, añade el magistrado, a cambio de la correspondiente prestación económica.

Reuniones

El exdirectivo de Acciona situó las reuniones a las que asistió Cerdán en el mismo día de 2019, en lo que discrepa de la Guardia Civil que en su informe incluye fotos de dos de ellas, una celebrada en un piso alquilado por Servinabar en Madrid y otra en un célebre bar madrileño. Según las fuentes consultadas, el imputado explicó que mientras con Antxon Alonso le une una amistad, los encuentros con Cerdán obedecieron al proyecto Mina Muga, con el que en 2015 empezó la relación empresarial entre Acciona y Servinabar. Ha señalado que se reunió con él y con otros agentes sociales, porque se trataba de un proyecto que iba a suponer muchos puestos de trabajo en Navarra.

El magistrado destaca en su auto que "tuvieron lugar varias reuniones, personales y telemáticas, entre los señores Vicente Pelegrini, Cerdán y Alonso"; tanto en ellas como "en sus respectivas comunicaciones adoptaban, todos o algunos de los en ellas intervinientes, determinadas medidas de seguridad".

"Empleaban [...] para sus comunicaciones la aplicación Threema (pretendidamente más segura que las más generalizadas aplicaciones equivalentes), apagaban sus respectivos teléfonos durante el desarrollo de las reuniones o se mostraban en pantalla, en particular el señor Vicente Pelegrini, documentos", precisa el magistrado.

La resolución añade que los documentos que se mostraban en las reuniones "afectaban a determinadas obras en proceso de adjudicación en el curso de sus reuniones telemáticas, sin que, preguntado expresamente el investigado por este extremo, haya aportado una explicación razonablemente atendible", porque, concluye lo hacía únicamente para que el socio de Cerdán en Servinabar pudiera tomar nota de los temas tratados en la reunión.

El magistrado acordó la imputación de Pelegrini -que declaró ante el juez durante más de hora y media- y la de dos de sus subordinados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara el informe en el que se afirmaba que el 75% de los ingresos de Servinabar proviene del 2% que acordó entregarle por las obras a las que concurrían juntos.

En su declaración ante el juez, Justo Vicente Pelegrini ha asegurado que ese 2% era el límite pactado para que Servinabar se ocupara de riesgos laborales, porque es el porcentaje habitual en la prestación de este tipo de servicios. Ha añadido que podría justificarse lo pagado con las correspondientes facturas.

En su auto, Puente destaca que un "significativo número de obra pública resultó finalmente adjudicado a la empresa Acciona Construcción, actuando esta en UTE con compañías terceras, uniones temporales de empresas en las que no se integraba directamente Servinabar, que, sin embargo, suscribía después los correspondientes contratos de prestación de servicios" para la constructora "o con la correspondiente UTE, obteniendo, en todas ellas, un beneficio calculado del 2% con respecto al importe total de la adjudicación".

Las explicaciones de Pelegrini no han debido convencer a Anticorrupción, porque le ha recordado que el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, subordinado de Olarte y que también está imputado en la causa, había declarado que lo único que hacía Servinabar era limpiar los camiones. Según Pelegrini, esa tarea revista una especial trascendencia para evitar accidentes

Relación profesional

Por su parte, Tomás Olarte ha asegurado que su relación con Joseba Antxon Alonso era meramente profesional y que a Cerdán no lo conocía. Ni él ni Pelegrini han dicho conocer a Koldo García Izaguirre, pese a la relación que, según los investigadores, mantenía con Antxon, con el que puso en marcha la cooperativa Noran.

La declaración del tercer imputado, Manuel José García Alconchel, director de la Zona Sur y África de Acciona Construcción, quedó aplazada hasta el próximo día 15, después de que su defensa alegara la imposibilidad de comparecer este miércoles. Tras conocerse su imputación, la compañía procedió a suspender a ambos de funciones "sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad", señalaba en un comunicado.

Pelegrini había sido apartado de la compañía en junio, cuando se conoció el informe que provocó la imputación de Santos Cerdán en la causa, en la que ya tenían esta condición el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Fue en ese momento también cuando Acciona anunció la ruptura de todos sus vínculos contractuales y de asociación con la empresa navarra Servinabar 2000.

La imputación de sus tres exdirectivos llevó a la compañía a hacer un nuevo comunicado en el que señalaba que "entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, Acciona Construcción mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 S.L. en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones". Sostenía que "los contratos y pedidos asociados a estos proyectos cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial".

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