Ana Redondo, ministra de Igualdad: "La abolición de la prostitución es una exigencia ética"

Con perfil eminentemente jurídico, la Ana Redondo asumió la cartera de Igualdad hace dos años. Satisfecha por el acuerdo alcanzado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sigue trabajando, entre otros asuntos, por la abolición de la trata de personas y la elaboración de una ley específica contra la violencia vicaria.

Asumió el cargo de ministra en noviembre de 2023, ¿cómo está desarrollando su labor?

Se trata de un trabajo muy interesante y transversal, que compromete a otros ministerios, por lo que es fundamental el trabajo en equipo. Pedro Sánchez tiene claro que la igualdad es una prioridad en nuestro gobierno y una seña de identidad socialista. En ese sentido, su apoyo me ha facilitado muchísimo el trabajo. También me he dado cuenta en este tiempo de que este es un ministerio del pimpampún, siempre en el foco y en el punto de mira de la oposición de una manera sistemática.

Aun así, se han podido alcanzar acuerdos.

Es cierto que hemos avanzado con la colaboración importante de otros grupos, incluso del Partido Popular, para, por ejemplo, la renovación del Pacto de Estado, de la que me siento especialmente orgullosa. Pero también es verdad que, en muchas ocasiones, se magnifican las cuestiones para cargar contra el Ministerio y contra la ministra. Creo que, lamentablemente, esto no es diferente a lo que ya ha ocurrido en el pasado, donde todas las ministras y este Ministerio han estado en el punto de mira.

Hay una ola reaccionaria que amenaza con devolvernos a tiempos de miedo y machismo

¿A qué lo achaca?

Hay una voluntad por parte de la derecha de acabar con el Ministerio, igual que ha acabado con las consejerías y concejalías de igualdad allí donde ha gobernado, especialmente con Vox.

Usted viene de un perfil jurídico. ¿Cómo influye esa formación en su enfoque político y en la toma de decisiones sobre igualdad?

Yo concibo la igualdad como el elemento esencial de la democracia española. Para mí, los artículos 14 y el 9.2 de la Constitución son los que me impulsan cada día a seguir presentando iniciativas y hacer políticas públicas encaminadas a remover los obstáculos que impiden todavía esa igualdad real de oportunidades. Considero que ese enfoque constitucionalista me influye para bien, porque en una sociedad donde todavía hay mucho que legislar, se debe ser muy escrupuloso, muy riguroso y muy exquisito a la hora de presentar propuestas. Quizá no hemos sido tan ágiles a la hora de presentar propuestas y proposiciones por esa razón. Hemos preferido ser rigurosos y trabajar la técnica legislativa por encima de la precipitación y la agilidad.

¿Cómo está avanzando el proyecto del Ministerio contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual?

Ya ha pasado por una primera ronda del Consejo de Ministros hace casi un año y, ahora mismo, estamos en un proceso de petición de informes a otros ministerios y a otras entidades que tienen que aportar también su visión y su criterio a la hora de implementar el proyecto de ley. Es un proyecto de ley victimocéntrico, es decir, que, en principio, no afecta al Código Penal ni establece una tipología más exigente en torno al proxenetismo o a la tercería locativa. Nos estamos centrando en todo tipo de trata, porque es la auténtica esclavitud del siglo XXI, pero insistiendo en que en esta ley lo importante es reconocer a las víctimas y ofrecerles una alternativa de vida digna. Luego continuaremos con la abolición de la prostitución, que, en este momento, no se incorpora a la ley de trata, porque ni está esa exigencia en el Pacto de Gobierno con Sumar ni tampoco está en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos decidido ir paso a paso y presentar primero una ley de trata muy amplia, teniendo en cuenta todas las situaciones que puede vivir un ser humano y, a continuación, presentaremos un proyecto de ley de abolición.

O sea, que la eliminación de la prostitución es una meta de futuro próximo.

Yo creo que la abolición de la prostitución es una exigencia ética, es un mandato constitucional y democrático y también es un avance civilizatorio. En ese sentido, el PSOE, desde hace ya más de tres años, incorpora en sus conferencias la exigencia de abolir la prostitución. Hay un compromiso político y personal en presentar un proyecto de ley. De hecho, ya se han presentado dos proposiciones. En la legislatura anterior, las compañeras del grupo parlamentario presentaron una proposición y al inicio de este mismo mandato se presentó otra, que fue rechazada y nos dejó solos a los socialistas en esa defensa. Sinceramente, creo que es una necesidad y que, en este momento, hay que hacer ese esfuerzo por consensuar y conseguir mayorías amplias en favor de su abolición.

Desgraciadamente, la violencia vicaria parece estar en alza. ¿Se necesitan medidas más concretas para intentar revertir esta situación?

En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que hemos llegado a un acuerdo en todo el arco parlamentario, salvo Vox, se incorporan 461 medidas y, de ellas, más de veinte hacen referencia a la lucha y compromiso de erradicar la violencia vicaria. La campaña del ministerio de este año para el 25-N, además, ha estado dirigida a concienciar a la ciudadanía en torno a la violencia vicaria. Son 65 los niños y niñas asesinadas desde que hay registros y este año en España ya sumamos tres. La violencia vicaria en nuestro ordenamiento jurídico no tiene nombre, es decir, que no está identificada ni definida jurídicamente. Por eso toda nuestra obsesión y nuestro objetivo es también presentar una ley de violencia vicaria que ya ha pasado por el Consejo de Ministros en una primera ronda y que pasará una segunda a principios de año. Espero que esté en el Parlamento para su discusión a lo largo de 2026.

Es necesario evitar que, incluso después de ser condenado, el agresor pueda hacer daño a la víctima

¿Qué bases tendría?

Tengo mucha esperanza en esta ley, precisamente, porque trae causa del Pacto de Estado, que nos obliga a todos los que lo hemos firmado. Lo que pretendemos es, en primer lugar, definir la violencia vicaria como una violencia que se ejerce sobre la mujer a través de personas interpuestas que pueden ser fundamentalmente los hijos e hijas, pero también familiares directos. En segundo lugar, identificarla como una conducta reprobable por sí misma penalmente, con independencia de la violencia directa que se ejerza sobre el menor o sobre el familiar. Y, en tercer lugar, a raíz del caso Bretón y, sobre todo del intento de publicación del libro “El odio”, consideramos que también es necesario evitar que, incluso después de ser condenado, el agresor pueda seguir haciendo daño a la víctima. Es un avance comprometido políticamente en ese Pacto de Estado.

Se está hablando de pactos de Estado, de legislación, de normativas… ¿también el tema de la educación sería primordial, teniendo en cuenta la forma de pensar de muchos jóvenes sobre igualdad?

Y es algo que nos preocupa especialmente desde el Ministerio. La sociedad española perdió una oportunidad histórica no incorporando la Educación para la Ciudadanía como asignatura específica y obligatoria en el sistema educativo. Ahora podríamos valorar, veinte años después, cómo esa asignatura de respeto, de igualdad y de civismo condiciona también las actitudes y nos hace más libres y más críticos a la hora de valorar determinadas conductas o actitudes. Lamentablemente, no se consideró obligatoria y ahora son las comunidades autónomas las competentes en materia de educación, lo que dificulta muchísimo más la situación. Estamos viendo cómo falla la educación para las relaciones afectivo sexuales, por ejemplo, triunfando una forma de relaciones a través de las redes sociales, donde la pornografía, y también la prostitución, a través de páginas como Only Fans o Sugar Daddy, están generando una distorsión completamente inadmisible en lo que son las relaciones afectivos sexuales.

¿Qué es lo que ha podido pasar para haber llegado a la situación actual?

Se ha sustituido una educación en el respeto en la igualdad y en el compromiso cívico por una educación de la pornografía que es absolutamente machista y que genera unas conductas violentas y de imposición sobre las mujeres que, además de perjudiciales, son absolutamente insatisfactorias para ellos y para ellas. Están reproduciendo lo que ven y, además, desde muy tierna infancia, con solo ocho o nueve años, creando auténticos adictos, en torno al 20 o 25% menores de treinta años, a la pornografía. Una pornografía violenta, machista y claramente insatisfactoria. Sin una educación en valores y en igualdad, no habrá una relación sana, desde el respeto. Corremos al riesgo de que los chavales más jóvenes se estén formando o, mejor dicho, deformando en una pornografía que puede llegar a generar al final una violencia real.

¿Un hipotético gobierno nacional PP-Vox provocaría un retroceso en materia de igualdad o existen derechos bien anclados que serían inamovibles?

No hay derechos irreversibles, lamentablemente. Los derechos se conquistan a diario y se defienden, como la igualdad. O se avanza, o se retrocede. Y, ahora mismo, hay una ola reaccionaria que amenaza con devolvernos a tiempos de miedo, de desigualdad profunda, de machismo y de dominación. Es una ola global, porque también se da en otros países, y puede realmente poner en riesgo los derechos de las mujeres. Lo estamos comprobando allí donde gobiernan PP y Vox, ese retroceso que no solamente e institucional, porque desaparecen las consejerías y concejalías de igualdad, sino porque desaparecen los fondos, que reducen a la mínima expresión los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género, contra la brecha salarial y a favor del empleo y de los cuidados. Cuando no se cree en la igualdad, generalmente, no se avanza, sino que se retrocede. Me da mucha pena que el PP, presente en el Pacto de Estado que votó a favor de la ley integral contra la violencia de género, tontee con Vox y blanquee las políticas negacionistas que matan y que nos ponen en un serio riesgo. Por lo tanto, yo sí que creo, y mucho me temo lo estamos viendo en las comunidades autónomas y municipios donde gobiernan, que desaparecen las políticas de igualdad, los recursos y los presupuestos destinados a estos temas. Sí, hay un riesgo real de retroceso.

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