'Proyecto King': Villarejo cobró 5,3 millones para maniobrar en la sucesión de Obiang

La Fiscalía Anticorrupción acusa al comisario jubilado José Manuel Villarejo de aprovecharse de su condición de policía para elaborar un informe de inteligencia, -que denominó Proyecto King y por el que cobró 5,3 millones de euros- con la finalidad de utilizarlo en el ámbito de las luchas políticas internas de la dictadura de Guinea Ecuatorial. En concreto, habría tratado de perjudicar al actual ministro de Planificación y Diversificación Económica de Guinea Ecuatorial, Gabriel Mbega Obiang, que en el momento de los hechos, en febrero de 2012, era el titular de la cartera de Minas e Hidrocarburos del país africano.

Mbega Obiang es uno de los hijos que tuvo el dictador Teodoro Obiang con su segunda esposa, Celestina Lima, a quien se le considera uno de los principales aspirantes a suceder a su padre al frente de la Presidencia del país africano. La actuación de Villarejo iba encaminada a menoscabar su imagen, en beneficio del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang, alias Teodorín, quien sería más proclive a los intereses españoles.

En una de las conversaciones grabadas por el propio excomisario, Villarejo anuncia su intención de pagar por acceder a las cuentas bancarias del ministro guineano, que es hermanastro de Teodorín: "El tema de las cuentas de Gabi [Gabriel Mbega Obiang] nos va a llevar todavía un mínimo de tiempo, entre otras cosas porque parte de la provisión que hemos pedido para el tema de la investigación la hemos tenido que dedicar a mantener el tema de la prensa", indica el agente jubilado al empresario Francisco Menéndez Rubio, quien en una declaración se llegó a autodenominar como el Pagafantas.

En otra grabación descubierta por Asuntos Internos, Villarejo llega a asegurar que Mbega Obiang habría acumulado mordidas procedentes de empresas petroleras por un valor de 110 millones de euros. Incluso informó de transferencias por importes muy elevados: 22.135.240 euros y 41.397.561 euros en Tórtola [Islas Vírgenes Británicas]. En este sentido, el comisario señaló los países en los que podría esconder su dinero: "China en general, aunque no se descarta Panamá y países de Europa".

Información confidencial

Además de los datos bancarios, el comisario jubilado también habría utilizado para su Proyecto King información de carácter confidencial a la que habría accedido por medios propios de su condición policial. Así, se valió de documentos de carácter reservado, como por ejemplo tres informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y otro de la fiscalía anticorrupción.

Los agentes de Asuntos Internos de la Policía también descubrieron que el comisario también habría tenido acceso a un sumario que se instruyó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el que se investigaba la compra de algunas propiedades en España a nombre de Gabriel Mbega Obiang. Por estas conductas, según el Ministerio Fiscal, se le acusa de delitos de cohecho, contra la hacienda pública, organización criminal, blanqueo de capitales y violación de secretos.

En su informe, Villarejo alude a "fuentes de la investigación" del Juzgado de Canarias para asegurar que varios familiares de Obiang habrían recibido fondos de varios ciudadanos rusos implicados en el negocio de la venta de armas.

Dinero de la dictadura

Tanto Anticorrupción como el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, consideraron que el ex director general de la empresa petrolera guineana Gepetrol Cándido Nsué Okomo; y Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de Constancia Mangue Nsué Okomo, otra de las esposas de Teodoro Obiang, habrían sido los auténticos responsables de la contratación de Villarejo.

Sin embargo, el comisario recibió el dinero de Menéndez Rubio, a quien se le acusa de haber actuado como "testaferro" de la cúpula de la dictadura de Obiang, que habría invertido en España al menos 21,3 millones de euros procedentes de empresas radicadas en las Islas Seychelles. En España, este empresario se habría servido de la mercantil Framen Consultores y Asesores para blanquear estos fondos, según anticorrupción.

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