Montero solapará la presentación de los Presupuestos en febrero con la nueva financiación y la quita de deuda

El Gobierno se lo juega al todo o nada. La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha puesto como fecha límite para presentar los Presupuestos mediados de febrero. El proyecto de las cuentas públicas se solapará así con otros dos de los principales hitos de la legislatura. La reforma del modelo de financiación autonómica, que se llevará cerrado en las mismas fechas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para inmediatamente después aprobarlo en Consejo de Ministros y arrancar su tramitación en el Congreso, y la condonación de la deuda autonómica. La votación en la Cámara Baja de la quita a las comunidades autónomas está prevista también antes de que acabe el próximo trimestre de 2026. Está pendiente todavía su aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Se trata de iniciativas que, reconocen en el Gobierno, “van de la mano”.

Salgan o no adelante las cuentas públicas, el Ejecutivo insiste en que su determinación seguirá siendo agotar la legislatura. Tanto es así que fuentes de Hacienda avanzan que no descartan volver a presentar el mismo proyecto de Presupuestos si lo tumba el Congreso. Esto es, si se da una “ventana de oportunidad” y alguno de los grupos parlamentarios que lo puedan rechazar viren y cambien de posición. Por ejemplo, un cambio en Junts, ante una hipotética vuelta a Catalunya de su líder, Carles Puigdemont, si como esperan se le aplica definitivamente la ley de amnistía. Aunque en el Gobierno reconocen que “es incógnita” que su vuelta sirva para reconducir la relación y hasta poder aprobar los Presupuestos, en un segundo intento, aseguran que si esto ocurre y se muestra dispuesto a apoyarlos se volverían a presentar.

Montero quiere dejar sobre la mesa todas estas carpetas antes de ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Su pretensión es seguir al frente de su departamento hasta que el presidente Juanma Moreno disuelva el Parlamento andaluz y convoque elecciones, previstas para junio de 2026. En el caso de los Presupuestos, su cálculo es que si tuvieran los apoyos necesarios, algo que en estos momentos está lejos de suceder, podrían aprobarse incluso alrededor del mes de abril.

Con la presentación de un nuevo modelo de financiación, la vicepresidenta primera trata de sacudirse la etiqueta del “agravio” por las negociaciones con la Generalitat para encajar la financiación singular pactada con ERC. Su premisa a falta de aterrizar la letra pequeña es que “ninguna comunidad saldrá perjudicada” y todos los territorios “contarán con más recursos”. Para allanar la campaña se hace necesario neutralizar el discurso del agravio, ante el coste político de un modelo de financiación que surja de un acuerdo con los independentistas catalanes.

El proyecto de Presupuestos pretende exhibir asimismo un cartel electoral centrado en apuntalar el Estado de bienestar y aumentar los recursos para los recursos públicos. Para ello, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, además de la senda de déficit, un techo de gasto de récord que supera los 216.000 millones de euros. Una cantidad que representa un incremento del 8,5% respecto a los 199.171 millones que se aprobaron para 2025.

Críticas de electoralismo

Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán ahora al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el 'techo de gasto'). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. Montero ha previsto que esa segunda votación tendría lugar antes de final de año. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes, que está claro cuáles son a nivel agregado (2,1% de déficit) pero no tanto su desglose por administraciones.

Tanto en lo que respecta a los Presupuestos como a la reforma de la financiación autonómica se visualiza una evidente falta de consenso. La aritmética parlamentaria, con Junts y Podemos tendiendo a posiciones de bloqueo, hace presagiar un complejo camino. Este mismo martes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se sumaba a las posiciones de Junts para advertir desde el Congreso que no están en situación de apoyar la propuesta de la senda fiscal, que prevé votarse en el Pleno de la semana que viene.

Desde Podemos apuntan a "un intento de aparentar que el Gobierno quiere sacar los presupuestos, pero que en realidad no tiene otra voluntad más allá que venir a esta Cámara, perderlos y con eso tener un argumento para convocar elecciones generales". Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera también arreciaron las críticas entre los consejeros populares sobre el movimiento para presentar una reforma del sistema de financiación, al cuestionar que tenga una finalidad electoralista. “Nadar y guardar la ropa para contentar a los independentistas y poder presentarse a las elecciones andaluzas”, criticaba desde la Comunidad de Madrid la consejera del ramo, Rocío Albert López-Ibor. 

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