CASO LEIRE DÍEZ
Un fiscal y el comandante Villalba declaran que Leire Díez acudía a reuniones diciendo que iba de parte del PSOE para "purgar" a la UCO
José Grinda ha asegurado al juez Zamarriego que pidió ayuda al fiscal general y a Zapatero para contrarrestar los ataques que sufría

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

El fiscal Ignacio Stampa y el comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo', Rubén Villalba, han puesto en duda en sus declaraciones como testigo ante el juez Arturo Zamarriego que la exmilitante socialista Leire Díez participara en las reuniones que mantuvo con ellos como periodista, como ha asegurado ella. En palabras del uniformado, lo que Díez pretendía era "purgar" a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban los casos de corrupción vinculados al PSOE. De hecho, Villalba ha explicado que la excargo socialista, que aseguraba que contaba con el aval del partido, le habría ofrecido pagar su defensa en la Audiencia Nacional a cambio de información comprometedora contra los agentes, según explican a esta redacción fuentes presentes en los interrogatorios.
En este sentido, el fiscal Ignacio Stampa ha concretado que "en absoluto" la excargo del PSOE le informó de que el motivo de la reunión que mantuvo con ella tuviera como finalidad elaborar una información periodística, según informan fuentes presentes en la declaración.
Este fiscal ha relatado que, según su opinión, las preguntas de la exmilitante socialista no íban encaminadas a conseguir datos para hacer un libro, sino que con ellas pretendía justificar las presuntas irregularidades de los investigados. También ha explicado que tanto Díez como la otra persona que participó en la entrevista, el empresario Javier Pérez Dolset, imputado en la Audiencia Nacional, hicieron referencia hasta en doce ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, 9 el empresario y las otras 3 la excargo del PSOE.
Las alusiones a Sánchez se circunscribían, explican las fuentes presentes en la declaración, a la supuesta determinación del presidente del Gobierno de tapar casos de presunta corrupción como sería el de su mujer, Begoña Gómez, y "las saunas", que eran propiedad de su suegro, ya fallecido.
"Extrema gravedad"
Para Stampa, la actuación de Leire Díez y de Pérez Dolset fue de "extrema gravedad", al considerar que "por parte del Ejecutivo se tratara destruir a otros poderes del Estado". Más tarde lo ha llegado a definir como "un ataque brutal a funcionarios de Justicia", explican las fuentes consultadas.
Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el caso Villarejo, trasladó a su superior en la Fiscalía de Madrid que había mantenido la reunión, que duró más de tres horas, y que grabó. Precisamente, este fiscal ha entregado este miércoles una copia del audio, así como otros diez minutos de una conversación telefónica que mantuvo con Leire Díez.
Santos Cerdán
En su denuncia, el fiscal Stampa explica que el encuentro tuvo lugar el pasado 7 de mayo. Y en el mismo, la exmilitante socialista le dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de esta reunión, desarrollada en "la más estricta confidencialidad", en la que iban a abordar "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".
Durante esa reunión, Díez y Pérez Dolset le dieron a entender que el jefe del Ejecutivo "había dado la orden de limpiar, sin límite", al darse a conocer la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez. Stampa afirma que, al preguntarle a Díez quién era, la mujer le contestó que era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso".
Según indica, le habían citado a través de un tercero que le trasladó "el interés del Gobierno" en contactar con él "con el fin de disculparse" por el trato "injusto" que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.
Y le comunicaron, añade, que "la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno" y que "no acudió".

Ignacio Stampa. / José Luis Roca
Completa que también pretendían sacarle información "o algún comentario que le desprestigiara" sobre el fiscal Grinda. "Me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales", agrega.
Declaración de José Grinda
Por su parte, el fiscal de anticorrupción José Grinda ha relatado al juez que pidió ayuda al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero para comparecer en la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya" para contrarrestar los ataques que sufría de los grupos parlamentarios socialista y de Junts, según fuentes jurídicas.

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla / Gustavo Valiente / Europa Press
Grinda ha completado este testimonio, que ya relató en su comparecencia ante la Fiscalía de Madrid, después de que los abogados de las defensas le preguntaran si este hecho se lo había explicado en un mensaje al periodista Pere Rusiñol, que está investigado en la causa por trasladarle al propio Grinda un documento en el que se le ofrecía ayuda en un procedimiento personal a cambio del archivo de varias causas, como por ejemplo el del '3%'. Se da la circunstancia de que este fiscal es el responsable de la imputación de uno de los investigados en el caso 'Leire Díez' Javier Pérez Dolset por un delito de fraude de subvenciones al grupo tecnológico Zed Worldwide.
Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, el diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto, considerado cercano al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, vertió en el Congreso en la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya' diferentes sospechas sobre la actuación de José Grinda. De hecho, llegó a relacionarle con la persecución durante el Gobierno del PP a políticos independentistas catalanes.
Declaración pormenorizada
En su declaración, Grinda ha explicado de forma pormenorizada su encuentro con el periodista investigado. Al preguntar las defensas por el motivo por el que consideraba que quién estaba detrás de todo era la exmilitante socialista Leire Díez, el fiscal ha explicado que el propio Rusiñol le explicó de que procedía de "Leire", cuyo nombre- ya había sido publicado en al menos dos medios de comunicación como presunta "fontanera" del PSOE.
De hecho, la supuesta participación de Leire Díez extrañó al propio Grinda, pues esta pensaba que desde las mencionadas publicaciones consideraba que había sido defenestrada por el PSOE. Sin embargo, según ha declarado este fiscal, Rusiñol le especificó que la excargo del PSOE todavía tenía "cierto peso" entre los socialistas, completan las citadas fuentes jurídicas consultadas.
Durante casi dos horas, Grinda ha respondido a más de 50 preguntas del juez, el fiscal y las partes personadas. Ha explicado que él no denunció al periodista Pere Rusiñol, sino que lo que hizo fue comunicar "unos hechos" a su jefe en anticorrupción, Alejandro Luzón.
Al ser interperlado sobre si mantenía enemistad contra los investigados Leire Díez o Javier Pérez Dolset, este fiscal de anticorrupción ha asegurado que a la primera no la conocía, y que en el caso del segundo, a quien investiga en la Audiencia Nacional, ha relatado que "desgraciadamente" a lo largo de su carrera profesional le han presentado más de 100 denuncias y querellas, y que incluiso le han "intentado matar".
Un soborno
Grinda comunicó a su jefe en anticorrupción que un periodista le ofreció un "soborno" que dijo que estaba avalado por "las más altas instituciones o personas del Estado", dando el nombre de "Leire", para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra.
El fiscal de anticorrupción, que presentó la denuncia al propio Luzón, relata que se reunió con su "amigo" Pere Rusiñol --periodista y también investigado-- el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle y le indicó que "tenía una propuesta de alguien", sin especificarle quién y dándole dos folios doblados.

Víctor de Aldama y Javier Pérez Dolset, llegan a las manos este miércoles tras la comparecencia de Leire Díez. / Chema Moya / Efe
Entre las peticiones, se le solicitaba archivar varias causas "reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", concretamente los casos "Pujol-Draco y otros relacionados"; "3%, Sumarroca y otros"; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.
"Estricta confidencialidad"
Grinda expone que se le aseguró que esa oferta "ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado".
Y concreta que Rusiñol le comentó que "él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire", a lo que el fiscal contestó que no actuaría "en contra de la ley o del principio de legalidad".
Los tres investigados en la causa --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- están citados a declarar el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que se abrió después de que se dieran a conocer audios en los que se escucha a la exmilitante del PSOE ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
El Ministerio Público y el juez instructor consideran que Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para recabar dicha información con el fin de "anular o malbaratar" las investigaciones de la Benemérita y Anticorrupción en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".
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