Quién es quien en la causa contra el fiscal general del Estado

Este lunes se da el pistoletazo de salida a un juicio histórico en el Tribunal Supremo. Por primera vez en democracia un fiscal general se sentará en el banquillo de los acusados por un delito, el de revelación de secretos, que se le atribuye además por haber vulnerado el derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Álvaro García Ortiz testificará en último lugar, pero antes desfilarán ante los siete magistrados que componen el tribunal hasta cuarenta testigos entre los que se encuentran el propio empresario, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, fiscales, una ex cargo en Moncloa, el exlíder del PSOE en Madrid, fiscales y hasta doce periodistas. ¿Quiénes son los principales protagonistas?

Álvaro García Ortiz

Tras casi un año de instrucción, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado abrió juicio oral el pasado 9 de septiembre contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Considera que existen indicios de que pudo facilitar a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador -novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- había enviado al fiscal del caso seguido contra el empresario, en el que este admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

García Ortiz hará historia al ser el primer jefe de los fiscales españoles en ejercicio que es juzgado por un delito penal manteniendo dicha condición, pese al intento de la acusación particular que ejerce una asociación de fiscales (APIF) de que el Supremo le suspendiera cautelarmente, y haciendo oídos sordos a las continuas peticiones de dimisión desde diversos ámbitos. La investigación permitió desvelar que borró el contenido de sus dispositivos electrónicos y todos los mensajes de WhatsApp de las semanas relativas a los hechos, lo que causó una gran polémica.

Julián Salto

El fiscal de delitos económicos de Madrid Julián Salto fue, junto a su jefa provincial Pilar Rodríguez, el primer investigado en este asunto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero su imputación decayó al ascender la causa al Tribunal Supremo hace aproximadamente un año. Se trata del miembro del Ministerio Púbico que fue asignado a la causa por fraude a Hacienda contra González Amador, y por ello fue el interlocutor con el abogado defensor de éste, Carlos Neira, en los correos electrónicos que han centrado las pesquisas, en los que se hablaba de la posibilidad de llegar a un pacto que evitara que González Amador llegara a juicio. La propuesta partió de Neira, y en dicho correo --cuyo contenido fue parcialmente volcado en una nota de prensa, y cuya filtración completa las acusaciones atribuyen al fiscal general-- el letrado reconocía dos delitos fiscales cometidos por su cliente.

Pilar Rodríguez

Fiscal jefa provincial de Madrid. Fue imputada inicialmente y se la investigó igualmente en el Tribunal Supremo por su papel en la consecución de los correos entre Salto y el abogado Neira que fueron objeto de la supuesta filtración y que Rodríguez remitió a su superior Almudena Lastra y al fiscal general. La Sala de apelaciones archivó su procesamiento --curiosamente tras cambiar a la abogada del Estado que la asistía por un letrado particular-- al considerar "la dación de cuentas" que hizo a García Ortiz "estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo".

El registro que se realizó a su despacho y el vertido de su teléfono móvil permitieron conocer los términos en los que se dirigió a sus superiores en relación con este asunto. En uno de sus mensajes incautados, en respuesta a una petición del fiscal general para que trasladara su agradecimiento a los miembros del departamento que se habían visto concernidos en la elaboración de una nota de prensa para contrarrestar lo que consideraban un bulo sobre la causa de González Amador, ésta le respondió: "Aunque dan ganas de poner un poquito de cianuro".

Almudena Lastra

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se vio concernida en la elaboración de la polémica nota de prensa y en la recolección de los datos de la causa de González Amador, pero no se ha visto salpicada por el caso porque desde el primer momento mostró su oposición a la estrategia dictada desde la Fiscalía General del Estado. Sus dudas trascendieron durante su declaración como testigo en el Supremo el pasado mes de enero. "¿Has filtrado tú?", le llegó a preguntar a García Ortiz, la mañana del 14 de marzo, a lo que éste respondió: "Eso ahora no importa".

Alberto González Amador

La causa contra el fiscal general tuvo su origen en la querella que presentó el empresario Alberto González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras sentirse perjudicado por nota de prensa de la Fiscalía que incluía datos personales de las comunicaciones entre su abogado y el fiscal Salto encaminadas a conseguir un pacto que le evitara llegar a juicio por fraude a Hacienda. En dicha comunicación el abogado reconocía la comisión por parte de su cliente de dos delitos, si bien las primeras informaciones que salieron en prensa apuntaban a que la iniciativa del pacto había partido de la Fiscalía. Puso estas negociaciones en conocimiento del jefe de Gabinete de su novia, Miguel Ángel Rodríguez. El intento del Ministerio Público en desmentir este relato es lo que a la postre permitió escalar la causa hasta el Tribunal Supremo contra el fiscal general.

Miguel Ángel Rodríguez

El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tuvo un papel esencial en la filtración de información que provocó la reacción de la Fiscalía por las informaciones sobre la causa por fraude a Hacienda del novio de la presidenta. Durante su declaración como testigo el pasado mes de enero, admitió ante el juez del Supremo que fue él quien difundió a medios de comunicación datos incluidos el correo electrónico en el que el fiscal del caso que investigaba al empresario Alberto González Amador por dos delitos fiscales y otro de falsedad contestaba a la propuesta de acuerdo que le había mandado la defensa del empresario para evitar llegar a juicio. Al desmentir que la iniciativa partiera de la Fiscalía, el equipo de García Ortiz habría perjudicado el derecho de defensa del empresario y cometido la revelación de secretos que ahora llega a juicio.

Juan Lobato

Los mensajes que se intercambiaron en la mañana del 14 de marzo la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato podrían acreditar, según las acusaciones personadas en este procedimiento, que el Gobierno podría haber tenido acceso al e-mail que contenía la confesión de dos delitos fiscales por parte de González Amador antes de que este documento se publicara de forma íntegra en la prensa.

El pantallazo con el correo electrónico, seguido del mensaje "cuidado con los datos personales", llega al móvil de Lobato a las 8.29 de la mañana, antes de que éste interviniera en un cara a cara con Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid; y el primer medio que saca a la luz el documento completo es El Plural a las 9.06. El que fuera portavoz del PSOE fue citado en el Tribunal Supremo después de que trascendiera en prensa que había acudido a un notario tras la apertura de la causa contra el fiscal general, para dar fe de los correos que intercambió sobre este asunto con la que fuera asesora en Moncloa del que fuera entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro Óscar López.

Pilar Sánchez Acera

La citación como testigo en la causa contra el fiscal general de la actual secretaria de Organización del PSOE en Madrid, Pilar Sánchez Acera, --y en el momento de los hecho jefa de Gabinete de Óscar López en Moncloa-- tuvo que ver con el envío por WhatsApp que hizo al entonces líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato --según éste acreditó ante notario-- de un documento en forma de carta en el que la defensa del González Amador ofrecía el pacto a Fiscalía para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda. La clave es que lo hizo antes de que el contenido del documento fuera publicado de forma íntegra por la prensa.

En su declaración ante el juez Hurtado puntualizó que dicho documento le llegó a través de periodistas que suelen cubrir la información de la Comunidad de Madrid --aunque no recordaba quién expresamente-- no tenía formato de e-mail e incluso la disposición de los párrafos es diferente al correo electrónico que se publicó en algunos medios y del que se investiga si tuvo su origen en una filtración de la Fiscalía.

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