El Gobierno pedirá al juez la suspensión cautelar de la fundación Franco

El Gobierno ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La entidad ya ha sido notificada de la apertura del expediente y del correspondiente periodo de alegaciones. Se trata de los pasos previos necesarios para que un juez pueda acordar su extinción. "Era una anomalía democrática, este paso tendría que haberse hecho hace 25 o 30 años", ha señalado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desde la sede del Ejecutivo central en Barcelona.

Urtasun ha defendido la labor del ministerio, del que depende el Protectorado de Fundaciones, desde que se inició el proceso para la ilegalización de la fundación en junio de 2024. El ministro ha asegurado que todos los pasos se han dado con un cumplimiento "escrupuloso" de la legalidad, que se ha fundamentado con un documento de más de mil páginas y que el juez encontrará "evidencias sólidas" de que dicho organismo no cumple la ley.

Concretamente, el titular de Cultura ha sostenido que la Fundación Francisco Franco no cumple con el "interés general", "enaltece el franquismo" y "menoscaba las víctimas" al "reescribir la historia y presentarlas a ellas como las culpables". Se trata de tres puntos que la ley de memoria democràtica de 2021 recoge como preceptos para extinguir una fundación. Urtasun espera que la desaparición sea una realidad dentro de "menos de nueve meses". Hasta entonces, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha avanzado que se pedirá al juez la suspensión cautelar de sus actividades.

Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco ha emitido un comunicado en el que denuncian que esta decisión se trata de una cortina de humo del Gobierno ante la "sombra de las más graves sospechas de corrupción". Además, critican que la resolución sea "carente de fundamento jurídico". En este sentido, admiten que hacen apología del franquismo -"no solo no lo negamos, sino que es un imperativo moral del que esta Fundación se honra"-, pero niegan que haya "humillación o incitación al odio" en sus actividades. Así, acusan al Ejecutivo de hacer una "interpretación extensiva" de la norma al considerar que "la apología del franquismo implica per se dicha humillación o menosprecio" a las víctimas.

Los pasos legales

Tras la notificación a la FNFF este 31 de octubre, se abre el trámite de alegaciones de la fundación -tienen 10 días hábiles- y un periodo de prueba -sí es que la fundación desea aportar documentación- tras la que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado a partir del cual Urtasun firmará la resolución final -con toda la información- con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Para armar el expediente se han solicitado informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática -que firma un informe con fecha del 13 de mayo de 2025-, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.

Así, en el informe realizado por la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado se explica que las dos causas distintas por las que se podría extinguir una fundación son, por un lado, que esta no persiga fines de interés general y, por otro, que la fundación haga apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas de ese golpe, de la guerra y del posterior franquismo. También contempla la incitación -directa o no- al odio o violencia de estas víctimas.

Aunque el informe reconoce que puede parecer que la FNFF tiene fines culturales, históricos, biográficos y documentales, la Abogacía del Estado lo niega alegando que en la página web de la entidad indican que entre sus actividades está mantener el archivo personal de Franco y asegurar su acceso público, cosa que Cultura rechaza añadiendo que el acceso es "opaco".

La fundación también tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, la lucha contra "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".

Por eso, en la investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluyen que los fines de los Estatutos de la FNFF están vinculados "fundamentalmente" a la difusión y promoción de las actuaciones de Franco, pero dando un punto de vista "inequívocamente positivo" del franquismo, lo que va en contra de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Histórica, que, junto con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, conforman la normativa aplicable a este caso de ilegalización de la entidad.

Con el informe de la Abogacía, así como un informe realizado por el catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, que ha investigado sobre la extinción de la FNFF, un informe sobre la presencia y representación mediática de la fundación y un compendio de testimonios recabados de víctimas del franquismo en relación con las actividades de la fundación, Cultura espera que el juez les dé la razón.

Fin a los beneficios fiscales

Lo importante, según defiende el ministro de Cultura, es que los españoles no "paguen" a esta fundación que tiene incentivos fiscales y beneficios para recibir donaciones por el hecho de estar constituida como fundación y amparada en dicha ley. Aun así, fuentes del ministerio están "seguros" de que la FNFF encontrará la manera de constituirse con otra fórmula que asegure su continuidad, y por este motivo explican que ya se están dando pasos en el Congreso para que no puedan convertirse en asociación.

Por ello, cuando llegue el momento -cuando los jueces reciban el acuerdo de inicio- pedirán medidas cautelares para que la fundación no pueda tocar el archivo histórico ni destruir pruebas.

Asimismo, las mismas fuentes han apuntado que la "idea" del departamento de Urtasun es denunciar a la FNFF para proteger los documentos de "naturaleza pública" que les consta que tienen en dicho archivo, siguiendo el procedimiento que el Gobierno llevó a cabo en el caso del Pazo de Meirás, en la provincia de A Coruña.