El juez Puente responde a la Fiscalía Europea que en el caso Koldo aún no le constan obras pagadas de fondos europeos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha respondido a la Fiscalía Europea que de momento no le consta que ninguna de las obras públicas, cuya adjudicación investiga, haya comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, elemento que determinaría la competencia del ministerio público de la UE. No obstante, el magistrado se guarda las espaldas señalando que, "evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”.

En cualquier caso, añade que, aunque en alguna de las obras se pudiesen haber comprometido fondos de procedencia europea, él investiga la eventual existencia de sendas organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios y particulares que, a través de un posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de los primeros, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas. Y ello “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

La Fiscalía Europea solicitó información al juez sobre las obras bajo sospecha en la causa que instruye, para verificar que son las mismas que constan en la denuncia realizada ante dicho organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Aunque el grueso de las obras coincide la denuncia interpuesta en Europa va más allá y, a diferencia del Supremo, incluye también dos pagos por un total de 100.000 euros que Construcciones y Excavaciones Erri Berri habría realizado a Servinabar en 2023 y 2024, "poco después de haber obtenido obras por 2,4 millones de euros del Gobierno de Navarra, financiadas por el programa Next Generation EU".

La Fiscalía Europea quería cerciorarse de las obras en cuestión y, en su caso, reclamar la avocación del asunto, algo que ya intentó sin éxito en esta misma causa, antes de que el caso Koldo se dividiera entre la Audiencia Nacional y el Supremo, al aparecer indicios contra Ábalos, aforado ante la Sala Segunda.

En una providencia de ocho páginas, que se ha notificado tanto a la Fiscalía Europea como a las partes personadas en la causa, Puente recuerda que el pasado 23 de septiembre abrió una pieza separada para investigar la parte referida a obras públicas, en la que están investigados Ábalos, Cerdán, el exasesor del primero Koldo García y seis empresarios, entre ellos, el comisionista Víctor de Aldama. La investigación relativa a la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, mientras Ábalos estaba al frente, está mucho más avanzada, por lo que la separación del procedimiento facilitará su enjuiciamiento.

Premio económico

El juez explica que “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”.

Esta primera, "de mayor envergadura económica", estaría formada por Cerdán, Ábalos y Koldo, "de una parte; y, de otra, por personas cuya identidad todavía no se ha esclarecido", además de por Fernando Merino, en representación de Acciona Construcción, y "cierta participación en dichos procesos de Joseba Antxon Alonso Egurrola", por Servinabar 2000.

Junto a esa trama u organización, "se investiga también la posible existencia de una segunda -en parte compuesta por las mismas autoridades o funcionarios, en relación con otras entidades constructoras, con aparente menor entidad económica-, que tendría también el mismo objeto", expone el juez. En esta segunda estarían también Ábalos y Koldo, "en su condición de autoridades o funcionarios públicos (además de otros funcionarios, cuya eventual responsabilidad es objeto del procedimiento seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 2)", así como Aldama, en su condición de comisionista, y los empresarios José Ruz (por Levantina, Ingeniería y Construcciones) y Antonio y Daniel Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos).

Obras investigadas

La resolución detalla las obras públicas concretas que hasta el momento están siendo objeto de investigación, diferenciando las correspondientes a Adif y a la Dirección General de Carreteras, respecto a las que ha solicitado su análisis a la Intervención General del Estado.

Las obras correspondientes a Adif bajo sospecha son las de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), adjudicadas por 51.760.263 euros, que se ampliaron hasta los 62.026.420 euros; El Mayor para el soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, por 158.801.001 euros; la construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, en el tramo de Pulpí-Vera, por importe de 121.196.734, así como una en Monforte y otra en Asturias, por importe de 592.053 euros.

Las de la Dirección General de Carreteras, según la providencia, son una en Logroño por un importe de 92.416.975 euros; el Puente del Centenario de Sevilla, por 71.404.645 euros, que se elevó hasta los 102.829.873 euros; otra en Asturias, por 7.383.932; otra en Úbeda; una más en Teruel (5.770.068 euros), y la autovía A-12 del Camino de Santiago, por 72.447.574 euros.

Suscríbete para seguir leyendo