Reyes Rigo alcanza un acuerdo con la Fiscalía israelí y será deportada tras pagar una multa de unos 2.500 euros

La activista mallorquina Reyes Rigo, detenida en Israel durante la intercepción de la Flotilla y acusada de supuestamente agredir a una funcionaria médica de prisiones, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía israelí que pone fin al proceso judicial abierto en su contra.

Según ha informado su abogado, Hail Abu Gharrah, y ha recogio el medio ynews, el pacto contempla que Rigo se declare culpable de un cargo modificado en el marco de un acuerdo de conformidad. A cambio, el Estado israelí da por cumplidos los días de detención (10), impondrá una multa de 10.000 séqueles (unos 2.500 euros) y procederá a su deportación del país, la cual señalan que podría darse "tan pronto como mañana". La defensa ha calificado el acuerdo como “una salida negociada” tras días de tensión y denuncias por el trato recibido en prisión.

El pasado miércoles, durante la primera audiencia, el tribunal decidió prorrogar tres días más la detención de la mallorquina, una decisión que generó gran preocupación entre sus allegados y los colectivos de apoyo. En la sala, la activista, visiblemente afectada, expresó sentirse amenazada y vulnerable dentro de la prisión, mientras abogados y ciudadanos presentes mostraban su indignación por la asignación de un abogado estatal y un intérprete costeados por Israel, a pesar de que Rigo contaba con defensa propia. La tensión era palpable y puso de manifiesto la fragilidad de su situación durante los días que permaneció bajo custodia.

Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmaba que la actividta había sido trasladada a otra prisión distinta a la que alberga a los ocho españoles retenidos en la segunda Flotilla. El jefe de la diplomacia española no precisó en qué centro se encontraba, aunque subrayóo que el cónsul en Tel Aviv la había visitado.

La acusación inicial

La activista fue arrestada la semana pasada durante la intercepción de la Flotilla, una acción humanitaria en la que varios barcos internacionales intentaban romper el bloqueo marítimo a Gaza. Tras su detención, la Policía de Israel presentó cargos por agresión y solicitó prisión preventiva, alegando que Rigo mordió a una funcionaria de la prisión de Ketziot, causándole “lesiones graves”, según el comunicado difundido por las autoridades.

“La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos”, indicaba esta mañana el cuerpo policial.

Posturas contrapuestas entre fiscalía y juez

El caso dejó en evidencia diferencias claras entre la Fiscalía y el juez del tribunal de Beersheva, Amir Doron. Mientras que el fiscal insistía en mantener la acusación “para defender a los miembros de seguridad del Estado”, el magistrado coincidía con la defensa y consideraba que "la deportación sería la solución más razonable”, según informaciones cercanas al caso.

Al no poder ordenar la expulsión por sí mismo, Doron optó por prorrogar la detención tres días, hasta la segunda vista. El acuerdo finalmente refleja el punto de equilibrio alcanzado entre ambas posiciones: Rigo será liberada y deportada, pero asumirá los costes de su estancia en prisión mediante la multa, respondiendo así a las reclamaciones del Estado israelí. La sanción económica, que asciente hasta los 10.000 séqueles, supone que Rigo pagará 1.000 séqueles por cada día que estuvo detenida en el desierto de Néguev (10).

Cabe recordar que el caso de la supuesta agresión de la activista mallorquina, que se enfrentaba a una posible causa penal, fue revisado por dos miembros de la abogacía del Estado israelí, uno de ellos el Jefe de la Fiscalía de la región.

La versión de Rigo y sus compañeras

Durante la vista del miércoles, Rigo explicó que el incidente se produjo durante un forcejeo en la prisión, cuando intervino para proteger a una compañera de la flotilla de una posible agresión de los guardias.

Su relato coincide con el de sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, quienes declararon que Rigo fue arrastrada por el pelo y que los funcionarios actuaron con extrema violencia, y desmonta la versión oficial proporcionado por las autoridades israelís. Martínez, que compartió celda con la mallorquina antes de ser deportada a España, aseguró que aquella fue la última vez que la vio.

Durante la audiencia también se difundió un vídeo grabado en prisión en el que Rigo aparece visiblemente afectada y denuncia estar recibiendo amenazas dentro de la cárcel, unas declaraciones que generaron preocupación entre sus allegados y que fueron citadas por colectivos y formaciones políticas como muestra de su situación de vulnerabilidad.